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El director de Atención a Partidos Políticos, DAPP, Julio Acuña, aseguró ayer que durante el proceso de cancelación de la personería jurídica de la Unión Demócrata Cristiana, UDC, han tenido una “excelente” comunicación con el presidente de este partido, Agustín Jarquín Anaya, y su vicepresidenta, Wendy Puertas, aunque no reveló cuál podría ser el fin de esta organización política.

El pasado 28 de febrero, la UDC recibió una “cédula de notificación” del Consejo Supremo Electoral, CSE, donde se le informó sobre el inicio del proceso de cancelación de su personería.

Uno de los argumentos expuestos por el CSE es que no participó en las elecciones municipales, y eso implica perder la personalidad jurídica, según el artículo 63 numeral 8 de la Ley Electoral, Ley 331.

Otros partidos podrían ser cancelados

Acuña también ha expresado que además de la UDC, los Partido Unionista Centroamericano, PUCA, y el Partido Neoliberal, PALI, también están “sujetos a revisión” porque tampoco participaron en los comicios municipales.

Aun así, explicó que la decisión de cancelarlos únicamente les corresponde a los magistrados del CSE.

Por su parte, el diputado Agustín Jarquín Anaya ha manifestado que este proceso de cancelación es un “asunto político”, y sostiene que su partido cumplió con los requisitos de ley para participar en las elecciones pasadas.

Por lo tanto, remarcó que agotarán las instancias legales para evitar la cancelación de su personalidad jurídica.

 

Respaldo

Durante el proceso de cancelación, la UDC ha presentado documentos ante la DAPP que demuestran la entrega de una estructura de 126 municipios, con las candidaturas de alcaldes, vicealcaldes y concejales, además de otras pruebas de la actividad del partido.

La UDC participó 12 años en alianza con el Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN --actual partido en el poder--, pero en las pasadas elecciones municipales decidió participar solo, luego de que a finales de julio pasado rompiera relaciones políticas con el oficialismo.

Jarquín también denunció a finales de 2012 que a lo interno del FSLN circuló un documento en el que se le declaraba “adversario” político.