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El presidente ejecutivo del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos, Telcor, Orlando Castillo, aseguró ayer que con el Acuerdo Administrativo 0005-2013 no buscan imponer a los funcionarios de las empresas de telecomunicaciones, sino saber si estos son los “idóneos”.

Además, Castillo consideró que se tomó esta decisión porque es un derecho del Estado y por seguridad pública.

Pero el abogado constitucionalista, Oscar Castillo, considera absurdos los argumentos del director de Telcor, porque según él, ninguna institución pública puede entrar a evaluar las contrataciones privadas.

El acuerdo creó polémica entre los miembros de la empresa privada, porque ordena a las empresas de telecomunicaciones someter a la aprobación de Telcor el nombramiento de sus directores, gerentes, personal de informática y de seguridad.

“¿Por qué no vamos a saber quién está aquí cuando todos sabemos qué se puede hacer en una empresa de telecomunicaciones? Ah (dicen) ustedes van a ver y a chequear a la gente, pero si todos sabemos en el mundo entero que las telecomunicaciones, vos agarrás un celular y cualquiera te oye, no solo Telcor, no solo Amcham”, dijo Castillo.

“Solo es decir quiénes son. Nosotros no les vamos a decir quiénes van a ser. Si no es inconveniente, nosotros les diremos por qué no (pueden ejercer el cargo). Les expondremos las razones por las cuales (el propuesto) no (puede asumir el cargo)”, agregó Castillo al término de la firma de un estudio de prefactibilidad con el BID.

Sin embargo, el artículo 1 del acuerdo establece que esta autoridad puede “ordenar a los Operadores de Servicios de Telecomunicaciones, en función del interés público, someter a aprobación de esta Autoridad Reguladora el nombramiento de sus Directores y/o Gerentes Generales, Directores y/o Gerentes o Jefes de Informática o de Sistemas y Directores y/o Gerentes o Jefes de Seguridad”.

En declaraciones al canal de televisión 100% Noticias, el funcionario insistió en que este “es un derecho del Estado”, y que el Acuerdo Administrativo fue emitido por razones “de seguridad pública”.

“El primer interés de nuestro Gobierno es el control sobre la seguridad pública, porque nosotros no estamos trabajando en otro aspecto que no sean las telecomunicaciones… En todo el mundo sabemos, los que trabajamos en esto y los que no, que es positivo si hay control”, declaró.

Castillo mencionó que están dispuestos a reunirse con el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, Cosep, José Adán Aguerri, y con otros empresarios para “poder hablar”.

Castillo comparó la información que requieren a la que utiliza la Superintendencia de Bancos para conocer sobre los gerentes de los bancos.

“En cualquier parte del mundo se puede escuchar una llamada, se puede hacer, y eso lo sabe todo el mundo”, recalcó.

Es violatoria

El abogado constitucionalista Óscar Castillo Guido manifestó que en primera instancia ese acuerdo es violatorio a la Constitución Política, “de entrada porque ninguna institución es competente para aprobar un funcionario que no sea del Estado”.

“La Constitución establece los nombramientos de funcionarios públicos, pero en el caso de la empresa privada están en pleno derecho de contratar a quienes quieran. Es parte de la libre contratación laboral”, manifestó.

Por su parte, el experto en Derecho Constitucional, Cairo Manuel López, refirió que nada autoriza a un órgano administrativo “para poder decidir sobre cualquier empresa que organicen los particulares”.

“Ningún funcionario ni institución tendrá más atribuciones que las que expresamente le confiere la Constitución y las leyes, así que estamos ante un abuso de poder, se extralimitan de los poderes que le confieren”, declaró.

Establecen requisitos

Castillo Guido mencionó que en algunos países lo que existe es que la institución puede establecer ciertos parámetros para elegir a ciertos cargos, como ocurre incluso con la misma Superintendencia de Bancos.

“Lo que se estila, en algunos casos, es que se establezcan requisitos. Pudiera ser en este caso, pero ni siquiera la Ley de Telecomunicaciones da esa competencia a Telcor”, explicó.

BDN prepara iniciativa

La Bancada Democrática Nicaragüense, BDN, está elaborando una iniciativa de interpretación auténtica de la Ley de Telecomunicaciones, para que el Plenario de la Asamblea Nacional se pronuncie sobre el acuerdo ministerial que emitió el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos, Telcor, en donde se requiere que las empresas de telecomunicaciones sometan a su criterio el nombramiento de altos ejecutivos de estas compañías.

El diputado de la BDN y miembro de la Comisión de Transporte, Infraestructura y Telecomunicaciones de la Asamblea Nacional, Eliseo Núñez Morales, manifestó que esta iniciativa abrirá “un debate político” en el seno del Plenario del Parlamento, ya que dicho acuerdo ministerial es de carácter político por parte del Ejecutivo.

(Con la colaboración de Leonor Álvarez)