Ernesto García
  •   Managua, Nicaragua  |
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A 60 años de prisión fueron sentenciados Noel Ernesto Altamirano, alias “El Pinol”, y David Carazo Díaz, apodado “La Cabra”, quienes por segunda vez fueron declarados culpables por el doble asesinato perpetrado la madrugada del 24 de diciembre de 2009 en la comarca Los Membreño.

Altamirano y Carazo fueron sentenciados a pagar con 60 años de privación de libertad por el asesinato de la doméstica María Cristina Guido Orozco y el de su hija Rubí Orozco, quien en ese entonces tenía siete años.

Aunque Carazo y Altamirano fueron sentenciados a 60 años de prisión por una disposición constitucional establecida en el artículo 37 de la Carta Magna, ellos solo cumplirían 30 años en la cárcel.

Así lo explica en la sentencia condenatoria la jueza suplente Quinto Distrito Penal de Juicio de la capital, Mariana Gómez Morales, quien señaló que los sentenciados terminarán de pagar su pena el 12 de enero de 2040.

Abundantes pruebas

La culpabilidad de Altamirano y de Carazo fue demostrada por la Fiscalía con las huellas digitales encontradas en los enseres del hogar que se robaron en esa ocasión, y con el testimonio de ocho testigos.

Los criminales --que mataron a cuchilladas y martillazos a la doméstica y a su hija--, lo que buscaban esa sangrienta madrugada era una inexistente caja fuerte donde suponían que encontrarían una gran cantidad de dinero, según la Policía.

La niña Rubí Orozco fue asesinada cuando comenzó a gritar al ver que su mamá, María Cristina Guido Orozco, forcejaba con los asesinos, que les tomaron por sorpresa cuando dormían en la casa a la que la doméstica había llegado un mes antes.

Dos veces culpable

Noel Ernesto Altamirano y David Carazo Díaz, anteriormente habían sido condenados por los mismos hechos por la jueza Décimo Distrito Penal de Juicio de la capital, Nancy Aguirre, pero los magistrados del Tribunal de Apelaciones de Managua anularon la sentencia y ordenaron hacer de nuevo el juicio.

Esto porque Aguirre no fue quien realizó el juicio, sino su antecesora, Ana Justina Molina, rompiéndose con ello el principio de inmediación que exige el Código Procesal Penal.

Cabe aclarar que Molina no tuvo tiempo de dictar sentencia, porque pocos días después salió del Poder Judicial.