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Los diputados opositores costarricenses Manrique Oviedo (del Partido Acción Ciudadana) y Patricia Pérez (del Movimiento Libertario, ML), integrantes de la Comisión Investigadora de la polémica carretera fronteriza 1856, solicitaron la destitución del excanciller y actual ministro de Ambiente de Costa Rica, René Castro; del viceministro de Seguridad, Mauricio Borashi, y de la presidenta de la Comisión Nacional de Emergencias, Vanessa Rosales.

En un informe de minoría, los diputados Oviedo y Pérez señalaron a los tres funcionarios como responsables de la pésima construcción de la trocha que se construye paralela al río San Juan, así como del despilfarro de 36,500 millones de colones (unos US$70 millones) de las arcas del Estado costarricense.

En el informe, al excanciller Castro le reprochan la “debilidad e ingenuidad” con que manejó el conflicto con Nicaragua por el dragado del río San Juan y la supuesta invasión a Costa Rica a finales de 2010.

Los diputados le cuestionan al viceministro Borashi el no tener potestad legal al actuar como enlace de la presidencia para ejercer influencia en toma de decisiones. A Rosales lo acusan de participación directa en la supervisión de los fondos de la Comisión Nacional de Emergencias, utilizados en la construcción de la carretera.

Obra sobresale por actos de corrupción

Debido al conflicto tras la disputa con Nicaragua en 2010 por una pequeña franja en Harbour Head, en la desembocadura del río en el mar Caribe, la presidenta Laura Chinchilla decretó con carácter de emergencia la construcción de la ruta “Juan Rafael Mora”, como también se le conoce a la trocha.

La construcción de la carretera junto al río ha generado protestas en Managua, y organizaciones defensoras del medio ambiente interpusieron una demanda ante la Corte Centroamericana de Justicia, CCJ, por considerar que afecta la flora y fauna de la zona.

En enero de 2012, la CIJ ordenó a Costa Rica suspender la carretera para proteger el ecosistema del río San Juan, a lo que el Gobierno costarricense respondió que no reconoce la jurisdicción de esa Corte regional.

La obra fue paralizada el año pasado por falta de presupuesto, y la Fiscalía tica tiene acusación contra exfuncionarios públicos y empresarios que estuvieron a cargo de la primera etapa, cuestionados por actos de corrupción, falta de diseño y pésima estructura de la misma.

US$80 millones en reparación

Sin embargo, el Gobierno de Laura Chinchilla anunció que invertirá más de US$80 millones para reparar la polémica trocha, con el fin de “impulsar el desarrollo de la zona y resguardar la soberanía nacional”.

Por su parte, Walter Céspedes, diputado en la Comisión por el Partido Socialcristiano, responsabilizó al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) por la carencia de la fiscalización de erario en dicho proyecto.

“Recomendamos un cierre legal de Conavi, ya que no sirve, y que se traslade al Ministerio de Obras Públicas”, manifestó Céspedes.

La Comisión de Investigación está integrada por tres diputados oficialistas (Partido Liberación Nacional), y cuatro diputados de oposición.

El diputado Oviedo afirmó a El Nuevo Diario que apoya la reanudación de las obras, siempre que se realicen los mecanismos normales de fiscalización de las mismas, porque la vía contribuirá al desarrollo de la zona, y a los productores en el transporte de sus cosechas.

 

Ecologistas en contra de la trocha

Un estudio realizado por científicos nicaragüenses concluyó que la construcción de la carretera junto al caudal afectó al menos a 600 especies de animales.

Organizaciones y dirigentes ambientalistas costarricenses han declarado su oposición a las obras, como el coordinador regional en Costa Rica de la organización mundial Preserve Planet, Luis Diego Marín Schumacher, quien declaró a El Nuevo Diario que la obra sí afecta la biodiversidad de esa zona protegida.

“Apoyo ciento por ciento el estudio. Para nuestra organización el proyecto de la denominada “Trocha Fronteriza” ha sido el mayor desacierto de la Administración de Laura Chinchilla”, dijo Schumacher.