Rafael Lara
  •   Managua, Nicaragua  |
  •  |
  •  |
  • elnuevodiario.com.ni

Miembros de la Unidad Nacional del Adulto Mayor, UNAM, marcharon hasta la Casa Presidencial y aseguraron que presentarán su propia iniciativa de ley para quienes no completaron las 750 semanas establecidas para su jubilación, y puedan así tener una pensión reducida acorde con las cotizaciones que durante su vida laboral aportaron al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, INSS.

Porfirio Díaz, Presidente de la UNAM, señaló que “la comisión que estableció la Asamblea Nacional no ha dado respuesta a la demanda, por lo cual nuestra organización presentará su propia iniciativa de ley para que se establezca la Pensión Reducida”. Sin embargo, no especificó cuándo la presentarán.

La marcha se realizó dos meses y medio después de que La Comisión de Salud y Seguridad Social acordó con los representantes de la UNAM, revisar una propuesta de este sector poblacional sobre el monto, beneficios y demás aspectos vinculados con la pensión reducida de vejez.

No renunciamos

“No vamos a renunciar a ella, y nuestra demanda no cesará hasta que la obtengamos”, expresó Díaz, agregando que solicitaron al presidente Daniel Ortega que a 4,000 ancianos que se les quitó el paquete alimenticio, se les restituya. Díaz alegó que el bono actualmente es recibido por 8,000 ancianos, pero este debe ser para todos.

“Hemos venido cotizando por años, y no es justo que no recibamos algo. Yo no recibo ni un grano de arroz, y la situación es crítica porque los adultos mayores estamos viviendo en un mundo de hambre”, alegó la señora María Asunción Ulloa, de Nandaime.

Ante los alegatos de los adultos mayores, la diputada Rosa Argentina Parajón, Vicepresidenta de la Comisión de Salud y Seguridad Social de la Asamblea Nacional, comentó que durante seis meses se vinieron reuniendo y trabajando para organizarse, calcular la cantidad de beneficiarios y cuánto se le tendría que entregar.

“La información se entregó a mitad de febrero, y para entregarles la pensión reducida son casi US$9 millones, pero ahora se tiene que ver de dónde saldrá ese monto. Ellos quieren que las cosas sean de inmediato, pero las cosas no son así”, explicó la legisladora.