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Ella aún recuerda cómo él, con machete en mano la arrastró hasta sacarla de la casa. Luego, entre gritos y alaridos de dolor comenzó a sentir cómo los golpes de la fría y afilada hoja metálica pegaban en su cabeza, el cuello y su hombro, mientras la tibia sangre corría por su cuerpo y manchaba la tierra del patio.

Al darla por muerta se sintió satisfecho y se retiró. Este es el relato de Ana Cristina Sirias Maltés, quien quedó tendida en medio de un charco de sangre frente a la casa que albergaba a los dos hijos que junto a su pareja habían procreado. A pesar de las graves heridas, ella aún sobrevive para contarlo.

En algún momento Gabriel Alberto Pérez, de 38 años, fue el amor de su vida, pero luego se convirtió en su verdugo, y lo sigue siendo porque anda libre.

Después de casi cuatro meses, las autoridades siguen sin capturarlo, aunque en la denuncia están todos sus datos, y el denunciado se mantiene en la comarca Santa Elena, Diriomo, municipio de Granada, donde ocurrió el intento de femicidio.

Por eso ella ya no puede seguir ahí. Sería tentar a la muerte otra vez, así que actualmente vive en un refugio, pues está en la indefensión a pesar de que la Ley 779 o Ley integral contra la violencia hacia las mujeres, obliga a las autoridades a brindarle auxilio.

Con un folder en la mano, en medio del pasillo de un hotel capitalino donde se desarrollaba el foro “Continuamos nuestro derecho a vivir libres de violencia”, las cicatrices de la sobreviviente dan testimonio de lo sucedido.

Ella trataba de presentar su caso a los medios de comunicación que daban cobertura a la actividad, como el último grito de auxilio, pues ya no sabe a quién acudir.

Otra víctima

Igual que la joven Sirias, otra víctima de la falta de acción del sistema de justicia es Damaris Anduray, cuya pareja la golpeó hasta fracturarle la columna.

Ella asegura que han pasado casi dos años desde que interpuso denuncia ante las autoridades, y la jueza que lleva el caso extendió dos órdenes de captura contra su exesposo José Manuel Vargas Robleto, pero la Policía del Distrito I sigue sin ejecutar la orden.

“Me han boleado en los Distritos y luego con el Ministerio Público. Ayer fui y la fiscal dijo que introduciría otro escrito para obtener otra orden e insistir en su cumplimiento. En la Policía hablé con el comisionado William Dávila, jefe de Distrito. Él me envió con la oficial Betty Martínez, pero ella me dijo que en ese momento no había gasolina y si era posible que se buscara a alguien para seguirlo, para que después les avisaran para ir a capturarlo”, aseguró Anduray.

Gladys Urtecho, oficial de Proyectos del Movimiento de Mujeres Trabajadoras y Desempleadas "María Elena Cuadra", dijo que el objetivo del foro, donde las víctimas hicieron su denuncia, es la contribución de las redes y colectivos feministas del país para ayudar en la defensa de la Ley 779, ante los recursos por inconstitucionalidad interpuestos ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la intención de reformarla y reducir su accionar, aunque incluso esta no siempre se aplica.

 

No siempre se cumple

Elia Palacios, enlace nacional de la Red de Mujeres contra la Violencia, RMCV, destacó que la Ley 779 no es una ley contra los hombres, sino una ley para defender a las mujeres y sancionar a los agresores. Una ley que incluso no siempre es cumplida por las mismas autoridades.

“El Estado debe cumplir con su función y hacer un monitoreo a las acciones de sus funcionarios. Si alguien no está haciendo bien su trabajo lo correcto es que se le despida, pero aquí es todo lo contrario. No solo se les mantiene en el puesto, sino también se les aplaude", comentó Palacios.