Leoncio Vanegas
  •   El Jícaro, Nueva Segovia  |
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La Juez Local Único del municipio El Jícaro, Grethel Karelia Gómez Lanuza, declaró culpables a 12 personas por los delitos de “usurpación del dominio privado y daños a la propiedad” en perjuicio del patrimonio del señor Marcos Antonio Hurtado Alfaro, y de inmediato giró orden de captura.

Según una fuente policial, los acusados están en las celdas preventivas de Ocotal y fueron trasladados a El Jícaro para la lectura de sentencia de penas que podrían ser de entre 6 meses a 3 años

de prisión.

Por la misma causa, dos personas más, incluida la abogada María Elena López Albir, que representaba a una de las partes, están pendientes de juicio.

El conflicto comenzó después que la finca, de extensión no precisada, fue comprada por Hurtado Alfaro a la Cooperativa de Crédito y Ahorro R.L., Sistema de Créditos de Ciudad Antigua, entidad que la había embargado al señor Francisco Buitrago Jarquín por una deuda inicial de 200 mil córdobas, pero que se le abultó a 477 mil, por falta de pagos.

El fallo condenatorio dictado por la juez es en contra de José Denis Olivas, Augusto Bellorín, Noé Gómez, Carlos García, Noel Espinoza, Adriano Chavarría, Felipe Izaguirre, Noel Espinales, Ramón Tinoco, Carlos Navarro Castillo, José Miguel Lanzas y Orbin Mairena Espinales que era el depositario del bien pero que se encargaba de meter a los tomatierra, para quedarse con

la propiedad.

Creían que Gobierno se las legalizaría

Francisco Buitrago Jarquín trabó el embargo de la propiedad en marzo de 2012 contra el nuevo adquiriente, Marcos Antonio Hurtado Alfaro, en el Juzgado de El Jícaro, y la judicial de entonces nombró como depositario a Orbin Mairena Espinales.

Según rola en el expediente, Mairena llevó a más personas para que ocuparan esas tierras, lo que motivó un desalojo por parte de la Policía.

En agosto del mismo año, el embargado interpuso un oficio ante un juez de segunda instancia en Ocotal, demandando que se cambiara al actual depositario, por su mandador Ramón Dolores López Castillo, lo que fue aceptado. No obstante, según el expediente, Mairena para desacatar el fallo metió a más gente a las tierras.

Los tomatierras alegaban que no abandonarían la ocupación porque funcionarios de la Intendencia de la Propiedad, supuestamente, les habrían prometido legalizar esa finca, por haber sido contendientes en el conflicto militar de los años 80 y porque, según ellos, Hurtado Alfaro se habría apropiado de la finca.