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La Dirección de Migración y Extranjería de Costa Rica decidió a última hora no cobrar la multa de US$100.00 por mes a los indocumentados que permanezcan de forma irregular en el país, como lo manda la actual Ley de Migración.

La primicia de esta noticia que da tranquilidad a miles de nicaragüenses que tienen sus visas vencidas, la dio a El Nuevo Diario el jefe de prensa de dicha institución, Nicolás Aguilar, quien dijo que por razones administrativas aún se estaba evaluando la disposición de la ley.

“La normativa se pospone en primera instancia hasta octubre del presente año”, dijo el vocero de la entidad.

La ley establece que a las personas extranjeras que no puedan pagar los US$100.00 por cada mes que permanezcan de forma irregular en el país, es decir, con la visa vencida, se les negará el ingreso por un período igual al que estuvo de manera irregular.

Incluso, Migración había repartido volantes en los puestos fronterizos para avisar sobre esta medida, que empezaría a regir desde este 23 de abril, lo que ha llenado de zozobra a los inmigrantes irregulares.

La ley establece que los patronos que tengan contratados a indocumentados, también serán multados hasta con un año de salario base.

Organizaciones opinan

Organizaciones promigrantes y la Defensoría de los Habitantes han estado insistiendo a las autoridades sobre la necesidad de esta postergación.

Según Karina Fonseca, del Servicio Jesuita para Migrantes, esta es una buena noticia, pero advirtió que las autoridades de Migración y Gobernación deben informar a la población y a su personal, en vista de que la falta de información puede derivar en actos de corrupción o de estafa, sobre todo en los puestos fronterizos.

Otra observación de Fonseca es que no solo se debe postergar la normativa de la multa, sino que debe hacerse una revisión de ella, pues podría afectar el libre tránsito de las personas.

También sugirió que se deben tomar criterios de excepción a la ley, como por ejemplo que no se aplique la multa a personas adultas mayores, a menores de edad, a personas con alguna discapacidad y a mujeres que viven en extrema pobreza.

Para las organizaciones, lo idóneo es que se suprima esta multa, pues resulta ser muy alta para miles de inmigrantes, sobre todo nicaragüenses, que devengan salarios bajos.