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La Procuraduría General de la República calcula que en cuatro años terminará de resolver los 285 casos de ciudadanos estadounidenses que fueron confiscados en los años 80, cuya indemnización actualmente se contabiliza en US$22 millones, detalló ayer el titular de esta entidad, Hernán Estrada.

Estrada aseguró que todavía están pendientes de resolver los casos de 159 reclamantes. El funcionario ofreció una ponencia organizada por la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua, Amcham, titulada “La Propiedad en Nicaragua: un esfuerzo de todos”.

Durante su exposición, aseguró que cuando asumieron el gobierno en 2007, había 678 casos.

Hasta la fecha llevan resueltos 40 casos, y este año prevén resolver 66. “Esto ya no es objeto de discusión entre ellos y nosotros”, dijo Estrada en referencia a la disposición gubernamental de resolver las demandas de los confiscados.

Pendientes los más difíciles

Según Estrada, están pendientes los casos más difíciles, en los que influyen “otros factores”, aparte de los asuntos de legitimidad.

“Hemos avanzado en otras de las metas que nos habíamos propuesto, que son los casos de gobierno, que son los que se encuentran bajo la administración del Estado nicaragüense. En 2007 teníamos 55 casos, es decir, 55 bienes, hoy solo tenemos nueve”, agregó.

Detalle de lo que falta

Estrada dijo que entre los inmuebles solicitados están 61 casas, 54 fincas, 133 terrenos, una mina y una estructura. Asimismo, hay 35 bienes que el Procurador calificó como “minucias”.

“Hay alguien que dice que tenía un barco, hay alguien que dice que tenía siete vehículos, un beneficio de café, ese tipo de minucias están también contabilizados como casos para efecto de los reclamos de los ciudadanos estadounidenses”.

El funcionario aseguró que el Gobierno quiere resolver estos últimos reclamos a través de un arbitraje.

Resolver por arbitraje

“Queremos terminar con este remanente, hemos ofrecido soluciones alternas al gobierno de Estados Unidos. Lo queremos someter a una comisión de arbitraje que está en el seno de la Secretaría de Justicia (de Estados Unidos), pero también en Nicaragua a través de Amcham”, dijo.

Con ese propósito, ayer la PGR firmó un acuerdo con la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua, que busca promover la utilización del Centro de Mediación y Arbitraje de Amcham entre las personas afectadas por confiscaciones.

Estrada insistió en que es necesario que exista “un tercero que pueda dirimir las diferencias”.

“Nosotros estamos dispuestos a resolver, para eso queremos hacer uso de vías alternas. Hay reclamantes que no tienen documentación, que no pueden demostrar que eran dueños. Tenemos un segmento que no se sabe quién es legítimo heredero. De todas esas dificultades con ese remanente, es que requeriríamos el auxilio de la Cámara Americana para que pueda dirimir de una forma efectiva”, dijo.

 

Usar arbitraje

El Estado de Nicaragua aún debe US$22 millones a estadounidenses confiscados en 285 casos pendientes.

El gobierno, a través de la PGR y de Amcham firmó un acuerdo para usar el Centro de Arbitraje de esta Cámara con el fin de dirimir las diferencias entre el remanente de reclamantes y el Estado en el futuro.