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Por su diversidad cultural y por la dispersión geográfica y territorial, la Costa Caribe continúa representando un reto para el cumplimiento de los derechos ciudadanos y autonómicos. Esta vez se está pensando en implementar un modelo de justicia autónomo para la región.

Clarisa Ibarra, Directora Nacional de la Defensoría Pública, afirmó que desde hace dos años trabajan en el diseño de un modelo de justicia regional que responda a las necesidades y demandas de las comunidades indígenas y afrodescendientes, el cual se centra en una mayor presencia de las instituciones de justicia y en el fortalecimiento de las estructuras tradicionales del Poder Judicial en las comunidades indígenas.

“Hemos desarrollado un diagnóstico básico para la coordinación, cooperación y articulación del sistema de justicia ordinario y del sistema de justicia propio, justo, equitativo y con enfoque de género, para facilitar la justicia en la población de la Costa Caribe”, dijo Ibarra.

Agregó que el principal desafío continúa siendo la voluntad de los facilitadores de justicia para que trabajen de la mano con las autoridades tradicionales.

Según los líderes comunales, el mayor problema es la falta de la Policía, Comisaría de la Mujer y de fiscales en las zonas más distantes.

“Whita” resuelven casos leves

“Nosotros como jueces comunales (Whita) lo único que tramitamos son casos leves o delitos menores, asociados con irrespeto o comportamientos de indisciplina, como disputas por tierras, robos y alteración al orden público, y aplicamos castigos o penas menores con servicio a la comunidad, pero los delitos graves son trasladados a Laguna de Perlas”, expuso Félix Sinclair, juez comunal de Orinoco.

“Nuestra esperanza como población indígena minoritaria es contar con un modelo de justicia que nos beneficie, porque nuestras comunidades están marginadas con poco o nada para acceder a la justicia. En el caso de Rama Cay llevamos años tratando de que se gestione un centro policial que nos ayude a controlar el consumo de droga y alcohol en los jóvenes”, plantea Beky McRea, coordinadora de la comisión de justicia del territorio Rama-Kriol.

Por su parte, Betwell Omier, juez comunitario de Rama Cay, expuso que el modelo tradicional está en peligro, porque “muchos casos no se resuelven ya que no hay apoyo ni coordinación por parte de las autoridades”.

La abogada indígena Lestel Wilson, Juez Local Única en el municipio La Desembocadura del Río Grande, señaló que el proceso de articulación entre el Derecho Consuetudinario (administración de justicia de acuerdo con el modelo tradicional) y el Derecho Positivo (administración de justicia del Estado) es un proceso de aprendizaje.

“Como indígena, incluso, debo entender las particularidades de cada grupo étnico, porque si no existe voluntad de entender cómo funcionan los mecanismos de justicia en las comunidades, difícilmente se puede lograr una articulación”, agregó.

Ada Venicia Venegas, magistrada presidenta de la Sala Especializada en Violencia, del Tribunal de Apelaciones de Managua, dijo que los resultados del diagnóstico presentados como elementos para la creación de una política de articulación entre el Derecho Positivo y el Consuetudinario es una realidad que debe despertar el interés del Estado.

 

Campanada de alerta

“El Caribe es un gran territorio donde la falta de fiscales, falta de equipos especializados (psicólogos y trabajadoras sociales), largas distancias que deben recorrer las víctimas, falta de capacitación al personal que administra justicia…, realmente es una campanada para que el Estado atienda a estas comunidades”, dijo Ada Venicia Venegas, presidenta de la Sala Especializada en Violencia, del Tribunal de Apelaciones de Managua.
La población de la Costa Caribe debe recorrer grandes distancias en busca de justicia.