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Rafael Lara y AFP

El periodista Carlos Fernando Chamorro, miembro de la junta directiva del Centro de Investigaciones de la Comunicación, Cinco, denunció en el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, que la presión y persecución de la que son víctimas no es más que una revancha, ya que su organización, al igual que otras, ha osado criticar al gobierno.

Mientras tanto, el gobierno de Nicaragua anunció ayer que impedirá que organizaciones no gubernamentales (ONG) "desvirtúen" o reciban fondos del exterior para actividades políticas, tras las masivas manifestaciones de este año contra el presidente Daniel Ortega.

"Estamos hablando de un núcleo de organizaciones -una o dos- que están claramente utilizando los recursos para hacer política. Y lo que queremos es que todo el mundo entienda que eso no va a suceder en este país", advirtió el viceministro y secretario de Cooperación Externa, Valdrack Jaentschke, en el Canal 4 de televisión local.

El gobierno inició en septiembre un proceso de revisión del funcionamiento de 4 mil 500 ONG registradas en el país, de las cuales 700 son investigadas por incumplir requisitos legales.

“Desvirtuando” recursos
Asegura que en las pesquisas encontraron que algunas ONG están "desvirtuando los recursos" que reciben de la comunidad cooperante, en proyectos ajenos al convenio, para financiar proyectos políticos o dar dinero a grupos sin personería jurídica.

Por ello orientó al Ministerio de Gobernación a vigilar si el desempeño de las ONG se ajusta a los proyectos convenidos, y establecer una cláusula específica en sus contratos de "no intervención en asuntos políticos" internos de Nicaragua, indicó Jaentschke.

Según Chamorro, Cinco está establecido como un centro de investigación en temáticas relacionadas a cultura, comunicación y democratización, que en 13 años ha producido más de 26 investigaciones en las áreas de comunicación y democracia, actores sociales y cultura política, así como el tema de democracia y gobernabilidad.

“Lo que existió fue un convenio entre una organización con personería jurídica y un movimiento social para acceder a un fondo establecido de manera lícita y transparente por gobiernos europeos, que también contribuyen al Presupuesto de la República. Como no hay base de ilegalidad en este convenio, entonces no nos queda más que concluir que detrás de esto hay un interés político porque estamos frente a un gobierno que quiere imponer un modelo de sociedad civil que no delibere y simplemente obedezca órdenes”.

Chamorro indicó que con la toma de posesión del presidente Daniel Ortega, no sólo ellos han sido perseguidos por el gobierno sino también la Red de Mujeres contra la Violencia, el poeta Ernesto Cardenal, el cantautor Carlos Mejía Godoy, diputados, periodistas y el Movimiento Renovador Sandinista, entre otros, por el simple hecho de diferir o criticar las incoherencias de las políticas gubernamentales.

Así retó a los personeros del gobierno a que demuestren el supuesto delito de lavado de dinero y que lo “echen” preso. Chamorro fue citado para hoy a las 10 de la mañana a comparecer ante el Ministerio Público, como parte de una investigación sobre 17 organizaciones a las cuales se les señala de supuestamente haber incurrido en el delito de lavado de dinero al triangular fondos de la cooperación externa para programas sociales de diversas organizaciones no gubernamentales. También fueron citados otros miembros de la directiva de Cinco, como Guillermo Rothschuh, además de Sergio de Castro.

ONG no podrán opinar
La regulación anunciada por el gobierno abarcará a entre 70 y 100 ONG internacionales que están en el país, precisó.

Jaentschke enfatizó que las ONG tendrán que limitarse a ejecutar los proyectos que buscan "mejorar las condiciones de desarrollo" en el país y tendrán prohibido emitir opiniones, participar o apoyar actividades políticas.

Sobre esto, Georgina Muñoz, enlace de la Coordinadora Civil, comentó que la Constitución mandata a la ciudadanía defender los beneficios económicos y democráticos, por lo tanto ningún funcionarios público ni mandatario tiene potestad de privar a la ciudadanía organizada de su incidencia en políticas públicas.

“Es lamentable que el gobierno nicaragüense, sin fundamentos, dé al mundo una imagen de que la cooperación está realizando actos ilícitos, y tal situación estamos seguros que afectará o reducirá la cooperación internacional y la población de Nicaragua será la única que saldrá perdiendo”, dijo Muñoz.

Por otra parte, indicó que si bien los extranjeros no deben intervenir en la política interna del país, lo que dice el Viceministro y Secretario de Cooperación Externa implica una violación a acuerdos y derechos internacionales.

“Lo prioritario de la ciudadanía debe ser sostener la defensa de sus derechos, los principios de democracia y de participación. Lo que tratan de hacer es imponer ideología específica. Por eso instamos a la cooperación internacional a que se pronuncie y no se deje utilizar”, dijo.

Asimismo, Muñoz considera que el gobierno ha iniciado una pugna o disputa para apropiarse de los fondos que ingresan al país destinados a programas sociales ejecutados por organizaciones no gubernamentales. El objetivo es que ese dinero ahora sea canalizado a las organizaciones creadas por el gobierno, y que le rinden apoyo incondicional y ciego.