Eloisa Ibarra
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El Presidente de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Francisco Rosales, no supo explicar con claridad cuál fue la base legal para ordenar la libertad del reo Evaristo Jarquín Chavarría, cuando sólo ha cumplido un año y cinco meses de una sentencia condenatoria de ocho años de prisión.

Jarquín, conocido como “El Toro”, capturado en mayo de 2007, fue señalado por la Policía Nacional de ser el jefe de una banda de siete narcotraficantes, detenidos en el municipio de Cárdenas, Rivas, con 133 kilos de cocaína, cuatro revólveres y cuatro camionetas.

Rosales trató de achacar parte de la responsabilidad a los magistrados de la Sala Penal porque libraron una carta diciendo que estaba cumplida la pena y sobre esa base se nombró a un juez ejecutor por una queja de Recurso de Exhibición Personal por desacato del juez de exhibición.

Sin embargo, el Presidente de la Sala Penal, Armengol Cuadra, inmediatamente rechazó la afirmación de Rosales y explicó que como el expediente está en casación en la Sala Penal, remitieron una carta al juez de ejecución de sentencia para que valorara cómo estaba el caso, porque el defensor insistía en que ya había cumplido la condena.

Rosales dijo que la Sala Constitucional se pronunció en torno a una queja interpuesta contra el juez de ejecución de sentencia porque se negó a cumplir una orden del juez de exhibición quien afirmó que el reo había cumplido su condena.

El defensor de Jarquín promovió ante la Sala Constitucional un Recurso de Exhibición Personal argumentando que el reo ya había cumplido su condena, basado en el artículo 88 del viejo Código Penal, que señala que un día de trabajo de un reo debe ser contabilizado al dos por uno.


Ni con días regalados…
Pero, la Ley 285 prohíbe la aplicación de beneficios legales como el citado a los condenados bajo dicha ley y aún obviando la Ley 285, con la contabilización al dos por uno por trabajo, Jarquín apenas llegaba a dos años y ocho meses, no tenía la mitad de la condena para optar a la libertad.

Vale señalar que en este caso se utilizó un procedimiento similar al de los 609 mil dólares, y en aquella oportunidad la Corte Plena sancionó al ex juez Moisés Rodríguez,
por excederse en sus funciones y actuar contra ley expresa, al ordenar de manera indebida la libertad de los reos y la restitución del dinero, sin que existiera una sentencia firme.

Cuadra indicó que los magistrados de Granada lo llamaron para informarle que habían llegado con una copia de una resolución de la Sala Constitucional ordenando la libertad del reo y que ellos antes habían rechazado un Recurso de Exhibición.

Explicó que el caso se encuentra en casación y el único competente para resolver es la Sala Penal, además de que al reo no pueden aplicarle beneficios legales porque la Ley 285 lo prohíbe.


Los rechazos de Rosales
Rosales rechazó las prohibiciones de la Ley 285 y afirmó que dicha ley es inconstitucional porque rompe el principio de igualdad y ya existen dos sentencias en ese sentido.

Cuadra refirió que la defensa de Jarquín había intentado sacar al reo alegando enfermedad y él lo remitió al forense, quien determinó que se encontraba bien, al fracasar en se intento, recurrió al juez de ejecución de sentencia, bajo el argumento de que ya había cumplido la condena en base al citado artículo 88, pero también le fue rechazado.

Entonces promovió un Recurso de Exhibición Personal y el juez ejecutor nombrado dijo que ya había cumplido la condena y le ordenó al juez de ejecución de sentencia dejarlo en libertad, pero, como no le hicieron caso a la exhibición, tramitaron una queja contra el juez ejecutor y la Sala Constitucional lo acogió.

La magistrado Alba Luz Ramos, quien atendió la Cuarta Región, indicó que el juez de ejecución la llamó preocupado para informarle que había una resolución de la Sala Constitucional a favor del reo, pero no tenía el expediente porque está en casación, entonces ella le dijo que no hiciera nada.

Ramos afirmó que es la Sala Penal de la CSJ la que tiene la competencia y lo más lógico es que la Sala Constitucional ante el Recurso de Exhibición, se comunicara con la Sala Penal para conocer la situación.

Por su parte, el vicepresidente de la CSJ, Rafael Solís, quien es miembro de la Sala Penal y la Sala Constitucional, dijo no recordar el caso, pero afirmó que la Corte mantiene el criterio que los reos condenados por la Ley 285 no tienen derecho a los beneficios legales, para quedar en libertad.

Informó que ya hubo una sentencia de la Sala Penal y otra la Sala Constitucional en casos concretos de “muleras” donde se declara la inconstitucionalidad de la Ley 285, pero nunca han aplicado ese criterio para casos de narcotraficantes.

Para los casos de los narcos grandes no se ha sacado ninguna sentencia en ese sentido y él es del criterio de la Corte Plena no debe pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de la Ley 285, porque los narcos pueden acogerse a ese criterio para obtener la libertad y la Corte se opone a eso.