Rafael Lara
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En noviembre de este año se podría resarcir el derecho de 4 mil 94 ex trabajadores de la caña, si finalmente se llega a un acuerdo sobre el monto que representa la participación accionaria que el gobierno prometió a los obreros y nunca cumplió durante 16 años, luego que los ingenios San Antonio, Monte Rosa, el “Javier Guerra Báez” y el “Benjamín Zeledón” fueron vendidos a manos privadas.

César Mairena, delegado en representación de la Procuraduría de Derechos Humanos, anunció que para acordar la forma de pago del gobierno la primera reunión se realizará el 26 de noviembre de este año en las instalaciones de la PGR, con la participación del Procurador General de Justicia, Hernán Estrada; la secretaria general de la Corporaciones Nacionales del Sector Público, Cornap; y los representantes de los ex cañeros.

Recordó que el 26 de marzo de 1992, el gobierno suscribió los acuerdos de concertación económica y social, cuando al momento de privatizar los ingenios, a manera de indemnización a los obreros de la caña, se les reconoció una participación accionaria del 25 por ciento de las acciones. El problema es que el acuerdo nunca se cumplió.

En 16 años, a pesar de la lucha legal de los obreros, las instituciones encargadas no movieron el caso, igualmente el gobierno de Enrique Bolaños no reconoció la deuda y los mandó a solventar el caso la situación por la vía judicial.

“En nuestro carácter de garantes en el proceso de negociación entre la Cornap, la PGR y el colectivo de trabajadores cañeros le dimos seguimiento al caso. Ahora se debe acordar con ellos si el valor de las acciones se entregará en dinero o en propiedades”, expresó Mairena.

Marcos René Sandino, uno de los ex cañeros, consideró esto un triunfo, el cual lograron con el apoyo de la Procuraduría en Defensa de los Derechos Humanos, PDDH, que les dio acompañamiento en sus reclamos.

Ana Eva Torres, delegada de la PDDH, indicó que las acciones para la restitución de los derechos de los cañeros se realizan desde 2005, cuando la PDDH resolvió que se habían violentado sus derechos humanos y el gobierno de turno no reconoció la deuda.

“Se le dio seguimiento al caso, pero hacían falta datos para completar la lista de beneficiarios y hasta que se completó esto se continuó con las gestiones. Por otra parte, este año los representantes de la PDDH y la PGR se pusieron de acuerdo para que los demandantes fueran atendidos y establecer una mesa de negociación para resarcir sus derechos establecidos”, dijo Torres.