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Las autoridades comunales continúan impartiendo justicia en los casos de violencia intrafamiliar en las comunidades de la Región Autónoma del Atlántico Sur, RAAS, reveló un diagnóstico del Poder Judicial que busca plantear alternativas de coexistencia entre el sistema judicial ordinario y el comunitario.

Clarisa Ibarra, Directora Nacional de la Defensoría Pública, explicó que con el diagnóstico pretenden hacer un análisis para implementar medidas que articulen ambos sistemas.

“¿Por qué el Poder Judicial hace este diagnóstico? Para poder decir cómo articular ambos sistemas. Los pueblos originarios tienen el derecho de administrar sus propios asuntos (pero) lo que hay que ver, es cómo ese derecho no vulnere los derechos humanos de las personas que convergen en esos territorios. Hay que escuchar a la mujer indígena, negra, garífuna”, analizó Ibarra.

Según Ibarra, las mujeres externaron diversos sentimientos sobre los procesos que se llevan a cabo cuando denuncian casos de violencia intrafamiliar.

Diversos criterios

“Unas dicen que no es justo. Otras dicen que no es imparcial, algunas dicen que la salida que les dan son más recomendaciones: que la mujer debe tener otro comportamiento, que debe tener lista la comida del esposo, que debe cumplir lo que el esposo le dice para que no haya violencia”, agregó Ibarra.

Una de las deficiencias en la zona es que no hay estadísticas de los casos. Está previsto que en 30 días, luego del análisis de los resultados del diagnóstico, se establezcan los mecanismos de coordinación y cooperación entre los dos sistemas.

“Entre los planteamientos que se hacen es que haya campañas y programas para que se exponga el problema. Que no quede impune el delito”, dijo Ibarra, quien agregó que los jueces comunales “necesitan tener conocimiento de los derechos de la mujer y de los derechos contemplados en la Ley 779”.

 

527 autoridades

En el diagnóstico participaron 527 autoridades de 48 territorios indígenas y afrodescendientes. Casi un 48% de los participantes eran mujeres.