Jorge Eduardo Arellano
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La instalación de las Empresas Proveedoras de Salud del Gobierno está generando posiciones encontradas en el sector. Los sindicatos de trabajadores, por un lado, advierten que con esa modalidad se les está obligando a “cofinanciar” un servicio que debe costear en su totalidad el Ejecutivo, mientras la Cámara de Empresas Médicas Previsionales (CEM), señala que “no hay nada de eso”.

Antonio Jarquín, representante de la Central de Trabajadores de Nicaragua (CTN Autónoma), declaró ayer que “el nuevo modelo de salud integral gubernamental, no nos beneficia, mas bien nos obliga a pagar más”.

Jarquín planteó que “los trabajadores pagan por un servicio diferenciado: el empleador les quita el 21 por ciento del salario cada mes, y cómo es posible que encima de eso venga el Ministerio de Salud (Minsa) y cierre con el INSS una empresa médica privada y ponga otra del Gobierno y cobre por eso, cuando hay un presupuesto para el Minsa de cara a brindar supuestamente una atención gratuita”, sostuvo.

Es decir “hablamos de un cofinanciamiento disimulado, y lamentablemente el servicio no va a ser el mismo, porque en todos estos años el Minsa ha demostrado deficiencias en el servicio, por ejemplo en las zonas rurales (donde están instalándolas) el Minsa tiene deficiencia en la cobertura y no creo que eso cambie por la alta demanda”, insistió.


CEM no se inmuta
Al respecto, el presidente de la CEM, Ismael Reyes, manifestó que esa posición “es absurda. Yo no creo que se trate de eso”. Incluso afirmó que ni siquiera les inmuta el establecimiento acelerado de esas clínicas.

“Hasta el momento el INSS no ha seguido cerrando EMP privadas, ellos están resolviendo la cobertura y eso no quiere decir que nos vayan a cerrar a nosotros. Además, si a un asegurado no le parece la clínica que le dará cobertura tiene la opción de cambiarse, él no está obligado a quedarse con la que le asignaron”, recordó.

EL NUEVO DIARIO intentó una vez más conocer la posición del INSS y del Minsa al respecto, pero no fue posible localizar a sus representantes. Tampoco fue posible contactar al diputado sandinista Gustavo Porras, uno de los políticos con incidencia en el Minsa.


Minsa contrata
De cualquier manera, el Minsa y el INSS siguen inaugurando clínicas bajo su sombra. En Bilwi ya instaló una. Raquel Dixon Rocha, delegada del INSS en esta ciudad, expuso que la nueva clínica está dotada de una ampliación en los servicios de salud para los asegurados y para los adultos mayores y jubilados.

Se supo que el Minsa fue el encargado de hacer las contrataciones del personal médico que laborará en la clínica descrita, al igual que las enfermeras. “Ellos tendrán los mismos salarios que el personal que labora en el sistema”, dijo la fuente.

Mientras en San Carlos, Río San Juan, la Clínica Previsional del Minsa abrió sus puertas ayer, y según su directora, doctora Sonia González Cruz, pretenden atender a 2,100 asegurados, que junto a los beneficiarios suman 5,000 personas.”Brindaremos al paciente una atención con calidad y calidez”, aseguró la médica.

Desde la mañana de ayer empezaron a llegar a la Clínica los primeros asegurados, y en el área de ginecología era atendida una embarazada. Muy pocos asegurados asistieron, pero fue notoria la cordialidad y el esmero del personal que recibía a los pacientes.

González indicó que con la apertura de la Clínica, ubicada en un local que fue acondicionado esquina opuesta a las instalaciones del Silais, garantizan empleo a 33 cabezas de familia y cuentan con personal calificado de enfermería, administración y consejería.

Subrayó que ofrecen atención en medicina general y en especialidades, y el área quirúrgica se canalizará a través del Hospital “Luis Felipe Moncada”, donde han habilitado dos salas en caso de que el asegurado requiera hospitalización.



No a que INSS pague pensiones de gracia
El Congreso Permanente de Trabajadores (CPT), opositor al Ejecutivo, se pronunció en contra de “las pretensiones” del presidente de la República, Daniel Ortega, “de hacer uso de las reservas del INSS para otorgar y completar pensiones, lo mismo que atención médica a los desmovilizados del desaparecido Ministerio del Interior, afiliados al Instituto de Seguridad Social y Desarrollo Humano del Ministerio de Gobernación”.

En el pronunciamiento, el CPT indica que: “Si el Presidente pretende ayudar a esos desmovilizados y personas que no han cotizado, debe hacerlo únicamente por medio del Presupuesto General de la República, sometiéndolo primero a consideración de la Asamblea Nacional, para que este poder decida si lo aprueba o no; o bien sugieren que los apoye con los millones de dólares que está recibiendo el gobierno nica de Venezuela”.

Además, hace mención a la Ley de Seguridad Social, disposición que, de acuerdo con el pronunciamiento, no le otorga derechos a Ortega para disponer de las reservas de la entidad.