Jorge Eduardo Arellano
  •  |
  •  |
  • END

Algunos salen libres hasta “por ardor en los ojos”


Escandalosa liberación de narco en Bluefields

* Lo capturaron con 1,071 kilos de coca
* Se agarró a balazos con la fuerza naval
* Pero jueza salta toda tranca para ayudarlo

REDACCIÓN CENTRAL
Capturado por la Fuerza Naval del Atlántico con mil sesenta y un kilos de cocaína y dos fusiles tipo M16, Marty Downs Carlson, de 44 años, se encuentra gozando de plena libertad en las playas de su natal Little Corn Island, mientras que en la comunidad de Bluefields todos hablan del caso en voz baja, y se preguntan: ¿cómo pudo salir de la cárcel?
Fuentes del Ministerio Público denunciaron la dura situación que esa instancia representante de la víctima o del Estado atraviesa, después de que el juez de audiencia Martín Henríquez, la juez de ejecución de sentencia, Jorleny Orozco, y el médico forense doctor Raúl Martínez, tomando decisiones al margen de las leyes, han puesto en libertad a varios narcotraficantes en la ciudad de Bluefields.

Este caso cobró mayor relevancia un día antes de la audiencia cuando el narcotraficante Marty Downs Carlson recibió la visita del diputado Brooklin Rivera Bryan, de quien se dice que luego habló a puertas cerradas con el juez Henríquez.

Precisamente el caso más reciente y sonado del que nadie quiere hablar por temor a represalias de parte de los narcotraficantes que operan en la zona es el del isleño Marty Downs Carlson, quien el pasado 6 de agosto fue capturado junto a Javier Hamilton Antonio cuando trasladaban 38 bultos con 940 paquetes de cocaína que una vez pesados, dieron un total de mil 61 kilos de cocaína.

Durante la operación y persecución, debido a intercambio de disparos entre los acusados y la patrulla naval, Marty Downs resultó herido de bala en el brazo y en el costado, por lo que el médico forense ordenó que lo internaran en una clínica donde permaneció hasta el 17 de septiembre, cuando el juez de audiencia, Martín Henríquez, celebró una audiencia especial sin la presencia del Ministerio Público y del médico forense, y valiéndose de un segundo dictamen médico legal que decía que el acusado Downs presentaba trastorno psiquiátrico y síndrome depresivo conversivo, decidió enviarlo a su casa.

Cabe señalar que, según el expediente judicial, a estas alturas ya se había celebrado la audiencia inicial, donde el juez se negó admitir la acusación bajo la figura transporte internacional, donde la pena es entre 10 y 20 años de cárcel, imponiéndole él la figura de transporte nacional, donde la pena mínima es de 5 años y la máxima de 10.


Ya no tenía por qué seguir conociendo
Durante la audiencia inicial celebrada el 19 de agosto, el juez Martín Henríquez decidió aplicar a los dos acusados --Marty Downs Carlson y Javier Hamilton Antonio-- la pena mínima de cinco años de prisión por haberlos capturado con más de una tonelada de cocaína, dos fusiles de guerra con los que dispararon a los patrulleros navales, y varios equipos de navegación sofisticados.

Una vez que se dio a conocer la pena mínima impuesta por el juez y la tipificación del delito, el Ministerio Público apeló la sentencia, pero el mismo juez Henríquez no le dio curso a la apelación, y retuvo el expediente por 17 días más, cuando decidió por iniciativa propia celebrar otra audiencia especial donde decidió mandar al acusado a su casa.

Para el Ministerio Público, todo lo actuado por parte del juez de audiencia es ilegal, debido a que en primera instancia decidió cambiar la tipificación del delito. Además, porque después de celebrada la audiencia inicial e imponerle la pena mínima y ellos apelar la sentencia, el judicial debía desconocer el caso y pasarlo al Tribunal de Apelaciones, lo que no fue así, y tercero, la audiencia especial nunca debió haberla celebrado por que el caso estaba en apelación y de celebrarse debió haber sido el juez de ejecución de sentencia el encargado.


Otros más
El Ministerio Público también dio a conocer otros tres casos donde se considera que los judiciales han actuado al margen de la ley: el de los acusados Jorge Webster Rojas y Ricardo Alberto Wilfred, ambos originarios de la comunidad de Sandy Bay, en la Región Autónoma del Atlántico Norte, los que cumplían pena en el reclusorio de Bluefields por el delito de tráfico interno de estupefacientes, pero debido a que el médico forense doctor Raúl Martínez dijo que en un dictamen médico que el primero presentaba hipertensión arterial, bronquitis y síndrome depresivo sin peligro de muerte, la juez de ejecución de sentencia, Jorleny Orozco, decidió mandarlo a su casa.

Agrega la fuente que el caso más burlesco a la justicia en nuestro país es el del acusado Ricardo Alberto Wilfred, quien según el medico tenía ardor en los ojos y requería ser visto por un oftalmólogo, y también aquí no le tembló el pulso a la juez Orozco para mandar “libre” al acusado por narcotráfico.

Otros hallazgos de nuestra investigación periodística demuestran que el abogado defensor de estos dos casos, licenciado Elvin Benavides Soza, es amigo personal de la juez de ejecución de sentencia, con quien tenía su oficina de leyes antes que fuera nombrada juez.

Coralie Gamboa Lacayo, quien había cumplido un año y tres meses --de una condena de cinco años por el delito de transporte ilegal de estupefaciente--, tuvo igual suerte que los demás narcotraficantes.