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El excalde de Sébaco, Boanerges González Miranda, se encuentra detenido en la Dirección de Auxilio Judicial, DAJ, de Managua, por presuntos vínculos con el narcotráfico internacional.

González, quien fuera alcalde en el período 2004-2008, está preso junto con tres guatemaltecos y otra nicaragüense, bajo cargos de tráfico de estupefacientes y crimen organizado.

La Fiscalía acusa al exedil de Sébaco de ser el encargado de conducir en el territorio nacional, el camión con placa hondureña 2240–1542, que introdujo al país el salvadoreño José Porfirio Gómez, alias “La Foca”.

Supuestamente, la agrupación ocupaba dicho camión para transportar cargamentos de droga hasta México, refiere el escrito acusatorio radicado en el Juzgado Séptimo Distrito Penal de Audiencia de la capital. Lidia Ferrufino Gómez, abogada defensora de González, rechazó los cargos que el Ministerio Público formula a su cliente, manifestando que su representado es un productor y nunca ha laborado como chofer.

La detención de González se produjo luego que la Policía detuviera en un restaurante ubicado en la carretera Managua- Masaya, a los guatemaltecos Juan Carlos Pozuelo Bran, Mario Enrique Castillo Muñoz y Edwin Alfredo Dávila Mansilla, este último señalado como el cabecilla de la célula. Tras la captura de los guatemaltecos la Policía capturó a Shara Michelle Rigby Campbell, quien habitaba en una residencia cercana al restaurante donde se capturó a los guatemaltecos, cuando realizaban la transacción de cinco kilos de cocaína, según el escrito acusatorio.

Los presuntos narcotraficantes acopiaban droga en pequeñas cantidades proveniente del litoral Atlántico nicaragüense, que luego transportaban en el camión que presuntamente conducía el exalcalde González.

Juicio con tramitación compleja

El juez Séptimo Distrito Penal de Audiencia de la capital, Abelardo Albir Ramos, ordenó que el juicio contra el exalcalde González Miranda, los tres extranjeros y Shara Rigby Campbell tenga tramitación compleja como lo solicitó la Fiscalía. El judicial también impuso la prisión preventiva para los cinco acusados y ordenó el levantamiento del sigilo bancario.