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Miembros de la Red Nacional de Defensa de los Consumidor (RNDC) denunciaron ante el Ministerio Público a la empresa Tropigás de Nicaragua S.A. por presunto delito de “estafa, fraude en la entrega de cosas, desabastecimiento injustificado en el grado de tentativa, publicidad falsa y engañosa”, los cuales están tipificados y penados en el código penal que recientemente entró en vigencia.

La denuncia fue formulada ayer por la mañana por Gonzalo Salgado, coordinador de la Red, y Ricardo Osejo, miembro de esa organización de consumidores. “Solicitamos al Ministerio Público que tome las medidas correspondientes, la pesquisas, para que independientemente de las relaciones que Tropigás tenga con el INE (Instituto Nicaragüense de Energía), el gobierno o la Asamblea, le caigan sanciones por esos presuntos delitos”, dijo Salgado, luego de haber entregado el documento al Ministerio Público.

Los miembros de la Red recuerdan que de acuerdo a las inspecciones del INE, más del 50 por ciento de los cilindros de la marca Tropigás han salido fuera de peso, por lo que han violado la Ley de Defensa de los Consumidores (ley 182), que precisa que los usuarios tienen derecho a una información veraz, oportuna, clara y adecuada sobre los bienes y servicios disponibles en el mercado nacional.

Agregan que en el nuevo Código Penal (Ley 641) se establece en su artículo 229, que quien con el propósito de obtener un provecho ilícito, para sí o para un tercero, mediante engaño induzca o mantenga en error a otra persona para que realice una disposición total o parcial sobre su propio patrimonio, incurre en dicho delito, algo que según los demandantes, Tropigás ha hecho al engañar a los consumidores cuando no les entrega la cantidad exacta en los cilindros.

Aseguran que existen elementos que podrían calificar la actuación de Tropigás como autor del delito de desabastecimiento en grado de tentativa, ya que el artículo 269 del Código Penal establece que quien, con el propósito de obtener un beneficio económico, provoque el desabastecimiento total o parcial… será sancionado con trescientos a seiscientos días multa y prisión de uno a tres años e inhabilitación especial por el mismo período para ejercer profesión, oficio, industria o comercio”.

“Esto se plantea debido a que la misma empresa mediante carta de conocimiento público y sin argumentación en contrario respecto a la fiabilidad que se deba tener a la misma, aseguraron que el sistema con el cual ellos trabajan no era --en ese momento-- sostenible, que había problemas en las reservas y una serie de supuestas dificultades para operar correctamente”, se lee en el documento entregado al Ministerio Público.