•   Managua, Nicaragua  |
  •  |
  •  |
  • elnuevodiario.com.ni

El incremento del 7.78% en la tarifa eléctrica que asumieron desde abril los consumidores de más de 150 kilovatios al mes, para subsidiar a los usuarios por debajo de ese rango, recae finalmente entre la misma población, que deberá pagar más por la compra de sus productos y servicios.

Así lo confirmó el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, José Adán Aguerri, al reconocer que el sector comercial trasladará el incremento de costos de la factura eléctrica a los productos y servicios que requiere la población, cuyo 82% representa a los usuarios

subsidiados.

“Hemos recibido un incremento tarifario de 7.78% este año, ese incremento lo estamos asumiendo los industriales, los comerciantes, los residenciales, y eso significa que, de alguna forma, esto incrementa los costos de las estructuras de las empresas, y de alguna manera esto es trasladado a los precios”, indicó Aguerri.

Sector privado no cuestiona

Sin embargo, aseguró que como sector privado no cuestionan la decisión del Gobierno de continuar sosteniendo el subsidio a un 82% de la población --que son los consumidores beneficiados con el incremento tarifario que paga el restante 18%--, a través de la reforma a la Ley de Estabilidad Energética que introdujeron el pasado miércoles en la Asamblea Nacional.

Aunque Aguerri declaró que todavía el Cosep no ha revisado a detalle la propuesta de reforma a la Ley de Estabilidad Energética que envió el miércoles el Gobierno de la República al Parlamento, la cual incluye una modificación del Código Penal, aseguró que sí están de acuerdo con las medidas severas que serán aplicadas a quienes gocen del servicio de manera ilegal.

“No hemos revisado la ley, pero sí es necesario que, efectivamente, se penalice con cárcel el robo, como cualquier robo que ocurre, que así sea. Estamos de acuerdo de que si hay robo hay que penalizar el robo, y eso sí es con cárcel, pues tiene que ser con cárcel, no hay otra forma de penalizar el robo”, señaló Aguerri.

Dos posiciones

También el director del Instituto de Defensa a los Consumidores, Marvin Pomares, respaldó la medida del Gobierno, mientras que Ricardo Osejo, otro de los protectores de los consumidores rechazó las sanciones a la población.

En este sentido, el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Solís, indicó que las sanciones van dirigidas al sector empresarial y no al segmento más sensible de la población.

Sanciones con mayor alcance

La penalización de hasta tres años de cárcel para quienes realicen un aprovechamiento indebido de los servicios de fluido eléctrico, agua y telecomunicaciones no es un elemento nuevo del Código Penal, ya que esto está referido en su artículo 236 de la Ley en vigencia.

“Quien por medio de una conexión ilegal o alterando los sistema de control y mediación, obtenga o utilice para sí o para un tercero, los servicios de agua, electricidad, telecomunicaciones u otros servicios públicos, con perjuicio para la empresa suplidora o de otros usuarios, por un monto mensual igual o superior a tres salarios mensuales del sector industrial, será sancionado con pena de prisión de uno a tres años y de cien a trescientos días multa”, dicta el citado artículo.

La lectura del magistrado

La reforma al artículo que solicita la iniciativa del Gobierno, es la incorporación de “un nuevo párrafo segundo para penalizar como delito la manipulación no autorizada de redes y bienes eléctricos que forman parte de las redes de transmisión y de distribución”, lo cual ampliará el alcance de las sanciones que contiene la legislación vigente.

El actual Código Penal y la iniciativa de reforma a esa ley que introdujo el Gobierno al Parlamento para penalizar a los hurtadores de energía y a quienes alteren los medidores, no hacen referencia a ningún sector específico.

No obstante, la lectura del magistrado Rafael Solís es que la reforma va dirigida para los empresarios y comerciantes que se han “estado pegando y que, simplemente, se pegan, pagan la multa y se vuelven a pegar”.

 

Consumidores amparados

Según el magistrado Rafael Solís, la Corte Suprema de Justicia ha conocido más de 400 recursos de amparo de personas que estaban pegadas, y se han resuelto casi todos en este año.

 

¿Qué dicen los consumidores?

Marvin Pomares, Director del Instituto de Defensa de los Consumidores, respalda la medida que el Gobierno pretende incluir en el Código Penal para frenar el robo de energía.

“En todos los países del mundo la gente tiene que pagar por los servicios. Eso no se puede evadir (…) Con el plazo de seis meses que está dando el Gobierno para que la gente ilegal se formalice, la empresa TSK-Melfosur deberá normalizarles el servicio”, señaló Pomares.

Sin embargo, desde el punto de vista de otro protector de los consumidores, Ricardo Osejo, Director de la Organización de Defensa a los Consumidores, ODC, el Gobierno antes de castigar a la población debería cerciorarse de que la distribuidora energética cumpla con su plan de inversiones valorado en US$75 millones al término de cinco años, para garantizar el mejoramiento de las redes de distribución.