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El presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, José Pallais, pidió a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que investiguen qué hay detrás de las liberaciones de narcotraficantes y reos de alta peligrosidad, por parte de jueces, a través de la manipulación del nuevo Código Penal.

El nuevo Código Penal es claro, pero los jueces lo están manipulando o haciendo prácticas de corrupción que la CSJ debe investigar, porque están cometiendo delito de prevaricato (actuar contra ley expresa), por ejemplo, indicó Pallais, al aplicar beneficios legales a condenados por narcotráfico, cuando la Ley 285 está vigente y lo prohíbe.

No hay el tal dos por uno
Pallais se mostró asustado de que los jueces estén aplicando compensación de días de trabajo por días de prisión, el dos por uno, cuando eso quedó derogado en el nuevo Código y no se puede aplicar porque no hay norma que lo establezca mientras no se apruebe la Ley de Liquidación de penas.

Indicó que al revisar los casos publicados por EL NUEVO DIARIO, encontró que están mal aplicando el Código incurriendo en abusos, lo cual debe ser investigado con urgencia por la CSJ, porque el Código Penal establece una serie de requisitos que el juez debe valorar.

Esta semana, jueces de diferentes departamentos ordenaron la libertad de condenados por narcotráfico, que fueron aprehendidos con cantidades fuertes de droga, y de reos condenados por asesinato, aplicándoles beneficios legales prohibidos por la ley.

El fiscal general de la República, Julio Centeno Gómez, afirmó que a los reos condenados por narcotráfico no pueden aplicarles beneficios legales porque la Ley 285 está vigente, no ha sido derogada.

Con relación a los beneficios aplicados de conformidad al nuevo Código Penal, indicó que ellos miran bien lo que ajusta a la ley, pero lo que jurídicamente no está protegido lo rechazan.

Uno de la propia CSJ
Las liberaciones resultaron más alarmantes esta semana, cuando la propia Sala Constitucional de la CSJ ordenó la libertad de Evaristo Jarquín Chavarría, “El Toro”, señalado por la Policía Nacional de ser el jefe de una banda de siete narcotraficantes detenida en el municipio de Cárdenas, Rivas, con 133 kilos de cocaína, cuatro revólveres y cuatro camionetas.

El presidente de la Sala Constitucional, Francisco Rosales, defendió la resolución, firmada junto a sus colegas Rafael Solís, Ligia Molina, Juana Méndez y Dámisis Sirias, y dijo que la Ley 285 no puede estar por encima de la Constitución Política y la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Rosales es del criterio de que la Corte Plena no puede postergar el conocimiento de la inconstitucionalidad de la Ley 285, que le quita los beneficios legales a los condenados bajo esa ley, con lo cual se establece una desigualdad y se rompe con el principio de igualdad de trato a los reos.

Asimismo, dijo que el Código Procesal Penal (CPP) no puede violar la Ley de Amparo, que establece la liquidación de penas y los jueces ejecutores deben aplicarla.

Vale mencionar que el vicepresidente de la CSJ, Rafael Solís, dijo que él se opone a que se someta a la Corte Plena la Ley 285 para pronunciarse sobre su inconstitucionalidad, porque les abriría la puerta a los narcotraficantes, y hay una posición contra eso.

Caso Arévalo–Lara
La juez Tercero de Ejecución de Sentencia y Vigilancia Penitenciaria, Rosario Gaitán, ordenó la libertad de los asesinos del matrimonio de ancianos Carlos Alberto Arévalo, de 75 años, y María Luisa Lara, dueños de la Distribuidora San Sebastián.

Edmundo Guerrero, alias “Cementera”, y Ronny Fonseca, condenados a 30 años de presidio por el asesinado del matrimonio Arévalo-Lara, fueron beneficiados con la adecuación de las penas contempladas en el nuevo Código Penal, que elimina la cárcel.

El asesinato ocurrió el 25 de agosto de 1996 en el sector de El Crucero, cuando los ancianos se dirigían a su casa, ubicada en Diriamba.

Durante la investigación, las autoridades de la Policía Nacional afirmaron que se trataba de un caso del crimen organizado, asesinos a sueldo, pues confirmaron que nunca hubo intención de robar, porque en el Mercedes Benz en que viajaban los ancianos encontraron, entre otras cosas, siete mil córdobas.

En el lugar de los hechos la Policía encontró 20 casquillos de AK, un casquillo de una pistola mueve milímetros, dos proyectiles de AK y uno de 38. La peor parte la llevó Lara, quien fue acribillada dentro del vehículo, mientras su esposo tuvo tiempo de salir y fue hallado sobre la carretera, donde murió desangrado a causa de los balazos recibidos.

Hasta hoy, ni los reos, ni la Policía ni las autoridades judiciales desenmascararon quién o quiénes pagaron por el doble asesinato.