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El asesor presidencial para asuntos económicos, Bayardo Arce, advirtió ayer que “nadie” tiene el derecho de robar luz, al tiempo que en la Asamblea Nacional se informó que en los próximos días se aprobará el paquete para reformar las leyes del sector energético, incluyendo el Código Penal, que castigará con cárcel a quienes sustraigan ilegalmente o manipulen energía y otros servicios.

La Comisión de Infraestructura y Servicios Públicos de la Asamblea Nacional citó ayer a las autoridades del sector energético para hacerles la consulta alrededor del tema, sobre la base de que el Gobierno ya firmó un memorando de entendimiento con la nueva distribuidora de energía TSK-Melfosur.

Por otro lado, la comisión dictaminó ayer favorablemente la propuesta de ley que envió el Gobierno y que prorroga por dos años el subsidio a los consumidores de un máximo de 150 kilovatios.

Lo que reformarán

La propuesta del Gobierno que sería aprobada mañana, en la Asamblea Nacional, apunta a reformar las leyes de la Industria Eléctrica (272); de Estabilidad Energética (554); de Distribución y el Uso Responsable del Servicio Público de Energía Eléctrica y el Código Penal.

El robo de electricidad, según el contenido del documento, se castigará con multas pecuniarias y penales, de hasta tres años de cárcel.

“No hay derecho a robar, nadie, el más pobre no tiene derecho a robar (…) Todas las medidas vienen, una para subsidiar a los consumidores de menos de 150 (kilovatios hora al mes), dos para controlar el robo de cualquier tamaño”, advirtió Arce.

La colita

El presidente ejecutivo del Instituto Nicaragüense de Energía, INE, David Castillo, sin embargo, precisó que con la reforma al Código Penal solo se castigará a los usuarios de “alto consumo” y que “hacen un truco para no pagar”.

“Antes la ley solo castigaba al que lo consumía, hoy se le agrega a la ley una colita que dice que también paga los platos rotos el que haga la conexión”, dijo Castillo.

A la consulta hecha ayer por esta comisión también asistieron el ministro de Energía y Minas, Emilio Rappaccioli, y el ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta.

Los acuerdos del memorando

Entre los acuerdos contenidos en el Memorando de Entendimiento, según Castillo, la nueva distribuidora se compromete a invertir US$75 millones para mejorar el servicio y pagar la deuda que tiene la empresa, que alcanza US$90 millones.

“Creo yo, que el Gobierno se los va a mandar (el memorando a los diputados) antes de la discusión en plenario para que no haya esas dudas”, adelantó Castillo.

Por otro lado, el Gobierno se compromete, entre otras cosas, brindar apoyo a la empresa distribuidora para futuras inversiones, y mantener el subsidio a los asentamientos, que equivale a un 2%, dijo Castillo.

El subsidio

Para la ampliación del subsidio que beneficia al 82% de los usuarios del servicio eléctrico del país, el Gobierno necesita un estimado de US$57 millones que se obtendrán del pago del Impuesto al Valor Agregado, IVA, aclaró el ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta.

“Es un tema que no se está modificando, simplemente es una continuación de las políticas de manejo del sector eléctrico (…) El sector eléctrico hay que atenderlo dándole la relevancia necesaria, dado que en él descansa el funcionamiento de la economía y la industria”, dijo Acosta.

El diputado Agustín Jarquín Anaya, miembro de la Comisión de Infraestructura, criticó que con “apuro” se haya aprobado el dictamen sin hacer las consultas necesarias con otros sectores, como los representantes de los consumidores.

“Es una carga excesiva, hay un apuro en sacar el dictamen que fue mandado a Comisión hoy (ayer)”, dijo Jarquín Anaya.

 

Reconocerán más pérdidas

El presidente ejecutivo del INE, David Castillo, admitió que a TSK-Melfosur se le ampliará el porcentaje por pérdidas técnicas reconocidas, que usualmente logran ser recuperadas por la compañía vía tarifa, pasando de 1.13 a 1.16%.