Eloisa Ibarra
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Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tendrán que decidir si declaran inconstitucional la “Norma para la Gestión de Prevención de los Riesgos de Lavado de Dinero, Bienes o Activos; y del Financiamiento al Terrorismo”, aprobada por el Consejo Directivo de la Superintendencia de Bancos y otras instituciones (Siboif).

La CSJ tiene en sus manos un Recurso de Inconstitucionalidad contra los miembros del Consejo de la Siboif: Antenor Rosales, Presidente; Víctor Urcuyo, Superintendente; Virginia Molina, vicesuperintendente, y los miembros, Gabriel Pasos, Mauricio Pierson Stathagen, Alfredo Cuadra, Gilberto Argüello y Nelson Estrada, por la aprobación de la normativa.

La normativa fue aprobada en abril pasado, como parte del trabajo de prevención del lavado de dinero, iniciado a finales de 1999 con la aprobación de la Ley 285, Ley de estupefacientes psicotrópicos y otras sustancias controladas: lavado de dinero y activos provenientes actividades ilícitas”.

La aprobación se enmarca dentro del nuevo Código Penal, que tipifica el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, de conformidad a los estándares internacionales y recomendaciones del Comité de Basilea y del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), y ajustado a los convenios suscritos por Nicaragua en la materia.

Precisamente, esta semana llega al país una misión del Gafic, en una visita de evaluación en cuanto al avance en el establecimiento de mecanismos de prevención de lavado de dinero y el proceso de creación de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), cuyo proyecto de ley lleva varios años en la Asamblea Nacional.

El Recurso de Inconstitucionalidad fue presentado por el abogado Fernando José Castaño Cruz, quien comparece a título personal, pero que extrañamente indicó como lugar para notificaciones Iniser, institución sujeta a supervisión de la Superintendencia de Bancos.

La normativa va dirigida a una lista de clientes considerados de “alto riesgo”, entre los cuales están: las Personas Expuestas Políticamente, conocidas en los estándares internacionales como PEP, incluyendo a los familiares cercanos, asociados y estrechos colaboradores de dichas personas.


Categorías de los de “Alto Riesgo”

De acuerdo con la normativa, las instituciones financieras deberían realizar controles más rigurosos para conocerlas y tener la certeza del origen de los fondos de las personas consideradas de “Alto Riesgo”, dentro de las cuales están: las Personas Notoriamente Públicas (PNP), las Personas Expuestas Políticamente (PEP) y sus familiares, asociados y personas cercanas.

También entran aquí las personas dedicadas a los negocios de casino, casas de cambio, asociaciones civiles sin fines de lucro, ONG, agencias de bienes raíces, comercializadoras, arrendadoras, zonas francas, comercializadoras bajo esquemas de sistemas de Venta Multinivel o Piramidal (Network Marketin), comercializadores de antigüedades, joyas, metales y piedras preciosas, monedas, armas y explosivos.

La normativa establece la obligatoriedad de las instituciones financieras, la creación del perfil de las personas de “Alto Riesgo”. Deberá verificar toda la información proporcionada por éstas, verificar in situ la existencia real de clientes y personas jurídicas, la identidad real de los beneficiarios reales y finales de las transacciones, verificar el propósito o apertura de operaciones, cuentas o cualquier otra relación contractual.

Determinar las relaciones existentes entre las cuentas, operaciones de negocios con la entidad, operaciones o negocios del mismo cliente o grupos de clientes entre sí, a fin de detectar si existen interrelaciones sin razón aparente o que no se corresponden con el perfil económico y transaccional normal esperado de los mismos.

Castaño Cruz, según el Recurso de Inconstitucionalidad, argumenta que la normativa viola una serie de preceptos constitucionales, lo que provocaría daños casi irreversibles en detrimento de los derechos, patrimonio e intereses de todos los ciudadanos de la nación.

Argumenta que sea éste nacional o extranjero, de no cumplir y someterse a los mecanismos y requisitos rigurosos, está expuesto a que instituciones financieras o bancarias pongan fin o no den inicio a ningún tipo de operación, so pena de ser sancionadas por la Superintendencia de Bancos.