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Gonzalo Carrión, del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), preguntó a las autoridades del sistema judicial si van a abrir las cárceles a narcotraficantes, asesinos y violadores, con beneficios legales selectivos y discriminatorios en los que políticos actúan como gestores de la impunidad.

¿Van a limpiar los sistemas penitenciarios con delitos tan graves como violación y asesinatos, por la benevolencia de los jueces y la complicidad de los demás actores del sistema judicial?, se preguntó Carrión, quien afirmó que las autoridades otorgan beneficios selectivos, en una nebulosa de conexiones.

Carrión dijo que el sacar a asesinos, narcotraficantes y violadores tendrá enormes repercusiones en el orden social, porque las víctimas quedarán con un sentimiento de impotencia frente a la benevolencia con que las autoridades tutelan de forma irresponsable el derecho de los condenados, arguyendo buen corazón y fe cristiana, en casos de delitos graves.

El Presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Armengol Cuadra, dijo que revisarán todos los casos aparecidos en EL NUEVO DIARIO, donde se ha dejado en libertad a narcotraficantes y hasta sicarios como los autores del asesinato del matrimonio Arévalo–Lara para determinar si se cumplió con los requisitos establecidos en la ley.

Sistema penal sin recursos
Cuadra afirmó que las prohibiciones de beneficios legales a los condenados bajo la Ley 285 que sanciona el narcotráfico y lavado de dinero están vigentes, y la Corte mantiene que no tienen derecho a beneficios, pero que a veces el sistema penitenciario no tiene capacidad para poner custodios en los hospitales para que cuando estos reos se enferman gravemente vayan al hospital y no a la casa.

Refutó la opinión de José Pallais, Presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, quien dijo que el beneficio de dos por uno para los reos que trabajan quedó derogado en el Código y no se puede aplicar hasta que se apruebe la ley de liquidación de penas.

Afirmó que el beneficio está vigente, y por el hecho de que la Asamblea Nacional no haya aprobado una ley para regular la materia, no significa que se vaya a privar a los reos de la aplicación del beneficio del trabajo, porque sería una violación a sus derechos.

Sala Penal a reunión
Adelantó que se reunirá con los otros miembros de la Sala Penal para valorar la situación y unificar criterios en torno a la aplicación de algunos beneficios establecidos en el nuevo Código y recordó que a los reos se les debe aplicar todo lo que los favorezca.

Carrión cuestionó el actuar de jueces y magistrados, porque, a su juicio, hay una especie de doble moral y doble rasero en la aplicación de la ley que manosean y manipulan de forma discrecional y arbitraria para la aplicación de las prohibiciones de la ley 285 y no agarran el “toro por los cuernos”, pronunciándose en torno a si es inconstitucional, asumiendo las consecuencias que conlleva.

Fundamentó su crítica del trato discriminatorio y selectivo en la aplicación de beneficios legales a reos condenados con la ley 285, en casos concretos, como el de Gustavo Antonio Cuadra Urbina, condenado a diez años de prisión por narcotráfico, que murió en la cárcel el año pasado, porque en su caso no existió compasión ni cristianismo, como sucede con el reo de Chinandega.

Reo realmente grave murió por carecer de “conecte”
Recordó que en el caso de Cuadra Urbina, su esposa se humilló e imploró, y ellos hicieron gestiones para que se tomaran medidas que garantizaran su integridad, porque había dictámenes legales que reflejaban la gravedad, pero no tenía conexiones para quedar libre y murió en la cárcel.

Afirmó que los reos pobres no reciben los beneficios legales porque no tienen acceso a los políticos gestores de la impunidad, como lo cita el hijo de Arévalo, quien denunció que a los asesinos de su padre los habían tratado de sacar por indulto a través de gestiones de diputados de la Asamblea.

Para Carrión, no sólo el Poder Judicial, sino la Fiscalía y la Asamblea Nacional deben dar explicaciones a la población de por qué si la ley es pareja, hay reos escogidos de forma selectiva para no aplicarles las prohibiciones legales.

A criterio de Carrión, la Fiscalía no está jugando el papel beligerante que le corresponde como representante de la víctima, y tampoco la Procuraduría, en los casos de droga, donde el Estado es perjudicado.

La Fiscalía no puede renunciar a su obligación legal, independiente de los nuevos conceptos del Código Penal, pero a todas luces se nota la pasividad y la permisividad con que están actuando, dijo Carrión, tras indicar que en el caso de Arévalo, deberían apelar y pedir una revisión.