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El presidente de la Sala Constitucional, Francisco Rosales, afirmó que la “Norma para la Gestión de Prevención de los Riesgos de Lavado de Dinero, Bienes o Activos; y del Financiamiento al Terrorismo”, aprobada por la Superintendencia de Bancos y otras instituciones (Siboif), no es más que la “Ley Patriótica” trasladada a una normativa.

Rosales adelantó que algunos magistrados consideran que además de que la Siboif carece de facultades para emitir normas de carácter general como la citada normativa, su contenido viola principios y garantías constitucionales de los ciudadanos a quienes va dirigida
La normativa va dirigida a una lista de clientes considerados de “alto riesgo”, entre los cuales están: las Personas Expuestas Políticamente, conocidas en los estándares internacionales como PEP, incluyendo a los familiares cercanos , asociados y estrechos colaboradores de dichas personas.

De acuerdo con la normativa, las instituciones financieras deberían realizar controles más rigurosos para conocerlos y tener la certeza del origen de los fondos de las personas consideradas de “Alto Riesgo”, dentro de los cuales están: las personas notoriamente públicas (PNP), las Personas Expuestas Políticamente (PEP) y sus familiares, asociados y personas cercanas.

También entran aquí, las personas dedicadas a los negocios de casino, casas de cambio, asociaciones civiles sin fines de lucro, ONG, agencias de bienes raíces, comercializadoras, arrendadoras, zonas francas, comercializadoras bajo esquemas de sistemas de Venta Multinivel o Piramidal (Network Marcketin), comercializadores de antigüedades, joyas metales y piedras preciosas, monedas, armas, metales y explosivos.

La normativa establece la obligatoriedad de las instituciones financieras la creación del perfil de las personas de “Alto Riesgo”. Deberá verificar toda la información proporcionada por éstos, verificar in situ, sobre la existencia real de clientes personas jurídicas, la identidad real de los beneficiarios reales y finales de las transacciones, verificar el propósito o apertura de operaciones, cuentas o cualquier otra relación contractual.

Determinar las relaciones existentes entre las cuentas, operaciones de negocios en con la entidad, operaciones o negocios del mismo cliente, o grupos de clientes entre sí, a fin de detectar si existen interrelaciones sin razón aparente o que no se corresponden al perfil económico y transaccional normal esperado de los mismos.


Investigan vidade cada uno
Para Rosales, la normativa violenta el principio de privacidad, de presunción de inocencia, el derecho a la intimidad y el principio de habeas data entre otros, al ordenar a las instituciones financieras que elaboren un perfil de las personas de “Alto Riesgo” que hacen operaciones financieras arriba de los tres mil dólares.

Te investigan a tu cónyuge, a tus hijos, familiares, socios. No es más que la “Ley Patriótica” trasladada a una normativa de la Siboif que carece de potestad para dictar ese tipo de normativa, para lo cual solo tienen facultad la Asamblea Nacional y el Ejecutivo.

Explicó que la Ley 285 no le otorga ninguna facultad a la Siboif para crear dicha norma, que, además, es de carácter discriminatorio, porque va dirigida a determinados profesionales y personas que se dedican a ciertas actividades comerciales y empresariales, a quienes considera como personas sospechosas.