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CHINANDEGA

Inconforme reaccionó Manuel Rugama, jefe de la Fiscalía del departamento de Chinandega, ante la decisión de Juan de Dios González Quintana, Juez de Ejecución de Sentencia y Vigilancia Penitenciaria, quien otorgó ejecución diferida (excarceló) a Saturnino Urbina Arévalo, de 51 años, condenado a diez años por tráfico de estupefacientes.

El alguacil Manuel González Rivas, médico del Sistema Penitenciario Regional de Occidente, dijo que el 25 de septiembre del corriente año enviaron al reo al Hospital España, donde fue atendido por un especialista en Medicina Interna.

“Al momento de su valoración presentaba signos de descompensación de su Diabetes Mellitus Tipo II, con cuadro de deshidratación, visión borrosa y se quejaba de mareos. Se decidió ingresarlo a la sala de observación del citado hospital para compensarlo. Se recomienda de acuerdo con epicrisis emitida por el hospital continuar con tratamiento de insulina”, expresó el galeno.

No obstante, el juez de Ejecución de Sentencia y Vigilancia Penitenciaria de Chinandega, expresó a EL NUEVO DIARIO que este reo no se estabiliza ni con la aplicación de insulina, por lo que su vida corre peligro, y decidió excarcelarlo.

Explicó que el rivense no goza de plena libertad, y que todos los lunes deberá presentarse ante los dos forenses de Chinandega para ser examinado, y si recupera su salud volverá al penal.

Para Rugama, ese argumento no es convincente, porque sólo el tedio de viajar desde Rivas hasta Chinandega más de quinientos kilómetros ida y vuelta “enfermaría” más a Urbina Arévalo.


Exige que reo
retorne a la cárcel
El funcionario dijo que el Ministerio Público se opuso rotundamente, cuando el defensor del rivense solicitó en audiencia la excarcelación porque consideran que esa medida no es correcta debido a que Urbina Arévalo, está condenado a diez años de prisión.

“Si ese reo padece esas enfermedades debe ser internado en un hospital donde será atendido debidamente y no debió ser dejado en libertad debido a la gravedad del hecho”, expresó Rugama.

Dijo que la Fiscalía expuso al juez González Quintana, que no internar al reo en un hospital es una violación a la Constitución Política, decisión que aprovechó el defensor para conseguir que su cliente se marchara a su lugar de origen y sustraerse la pena.

“El artículo 411 del Código Procesal Penal establece que si el condenado sufre alguna enfermedad grave que no pueda ser atendida adecuadamente en la cárcel, el juez de Ejecución de Sentencia y Vigilancia Penitenciaria dispondrá previos informes de forenses internar al prisionero y ordenará las medidas necesarias para evitar la fuga”, manifestó el fiscal.

No obstante, el juez González Quintana considera que el rivense no soporta estar en el hospital mucho menos en la cárcel porque le provoca estrés y su vida está en el peligro.

Rugama expresó que la ejecución diferida se aplica en casos extremos, no en un diabético que puede ser tratado en la cárcel o en el hospital, por lo que a su juicio, la decisión del juez González Quintana es irregular, y orientó al fiscal que atiende el juzgado de Ejecución de Sentencia y Vigilancia Penitenciaria exigir para que el rivense regrese al penal de Occidente.