•  |
  •  |
  • END

El vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rafael Solís, dijo que los jueces seguirán liquidando penas a los reos, aunque se trate de delitos graves, porque eso fue lo que aprobaron los diputados en el nuevo Código Penal.

A lo largo de la semana, jueces de diferentes departamentos liquidaron penas a reos condenados por delitos graves como asesinato, y enviaron a sus casas, alegando razones de salud, a condenados por narcotráfico.

Para decidir, los jueces han hecho sus propias interpretaciones de los beneficios del nuevo Código Penal, en comparación con las prohibiciones establecidas en otras normas, por ejemplo, la Ley 285 de narcotráfico, que prohíbe todo beneficio a los reos condenados bajo dicha ley.

Solís indicó que los responsables de la aprobación del nuevo Código Penal son los diputados, porque aunque en su momento la CSJ hizo sus observaciones, la aprobación fue de acuerdo con los criterios de la Asamblea Nacional, que en lo general bajó las penas de los delitos, entre ellos el narcotráfico y los delitos sexuales.

Afirmó que queda en manos de los diputados hacer una revisión en cuanto a las penas y los beneficios, si el clamor popular continúa. Por ejemplo, indicó que en la ley de liquidación de penas, complemento del Código Penal, se pudiera dejar fuera el beneficio de uno por uno para algunos delitos graves.

No obstante, rechazó la interpretación del Presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, José Pallais, quien dijo que mientras no se apruebe la Ley de Liquidación de Penas, permanece suspendido el beneficio de días de cárcel por trabajo.

El hecho de que no hayan aprobado la Ley de Liquidación de Penas, no quita el beneficio a los reos por trabajo, el uno por uno o dos por uno, porque la retroactividad de la ley establecida en la Constitución está vigente, y ante la duda debe aplicarse todo lo que favorezca al reo, refutó Solís.

Diputados estaban conscientes de premios
El magistrado Solís reconoció que la desaparición del presidio le deja más posibilidades de salir a los reos, pero, cuando los diputados lo eliminaron estaban conscientes y sabían que iba a beneficiarlos.

En relación con los beneficios para los narcotraficantes, sostuvo que se mantienen suspendidos de acuerdo a lo establecido en la Ley 285, que considera aún no debe someterse para valorar su inconstitucionalidad, porque permitiría la salida de grandes narcotraficantes, a lo cual se opone la CSJ.

Indicó que algunos de sus colegas, como los magistrados Francisco Rosales, Sergio Cuarezma y otros, son del criterio de que la Ley 285 debe elevarse a la Corte Plena para pronunciarse sobre su inconstitucionalidad.

Por su parte, la magistrada del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM), Ileana Pérez, en representación de la Asociación de Jueces y Magistrados (Ajumanic), dijo que a quien debe pedirle cuentas la población por bajar las penas de los delitos y aprobar beneficios legales a los reos, es a la Asamblea Nacional, no a los jueces.

“Nosotros solamente aplicamos lo que los diputados aprobaron”, dijo Pérez, quien ejemplificó que la Asamblea Nacional bajó las penas para los delitos de narcotráfico, donde el ofendido es el Estado.

La juez Maribel Mena dijo que mientras están en la aplicación del nuevo Código, posiblemente se cometerán errores, pero será la CSJ la que unifique criterios para que no haya disparidad de criterios, pero es necesario que los casos lleguen a la CSJ para que se pronuncie.

Por su parte, la magistrada Clarisa Ibarra expresó que para tomar las resoluciones se escucha a la víctima y a la Fiscalía, y con base en eso, los jueces y los magistrados toman sus decisiones.

Además de que en las capacitaciones en torno al nuevo Código Penal se unifica criterios con los demás operadores del sistema judicial, como la Fiscalía y la Procuraduría.