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El Presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, José Pallais, afirmó que no son los diputados los responsables de la salida de asesinos y narcotraficantes, sino que los jueces y magistrados que violan la ley al hacer un “cóctel de códigos penales” y aplicar a la vez el nuevo y el viejo de forma ilegal, para beneficiar a narcos y criminales.

Un día antes, el vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rafael Solís, y representantes de la Asociación de Jueces y Magistrados de Nicaragua (Ajumanic), responsabilizaron a los diputados por haber sido ellos quienes aprobaron el Código con beneficios para asesinos y narcotraficantes.

Pallais dijo que los jueces hacen una combinación de los beneficios del Código viejo con los del nuevo, para favorecer a delincuentes peligrosos y que, por ejemplo, no es factible que asesinos como los del matrimonio Arévalo-Lara hayan salido con sólo doce años de condena cumplida.

No caben combinaciones
“Ningún juez ni magistrado puede aplicar dos leyes a la vez o aplica el código viejo o el nuevo, pero no puede haber una combinación porque es totalmente ilegal, una violación a la Constitución”, dijo Pallais, tras expresar que eso lo sabe cualquier abogado.

“El juez tiene que escoger cuál de los dos códigos aplica, no pueden hacer un cóctel y decir: este pedacito de éste y este pedacito del otro, porque es ilegal, y por eso quieren crear una cortina de humo para justificar lo injustificable”, afirmó el legislador, quien es abogado.

Eso es jurídicamente absurdo, nunca lo ha dicho el legislador. Se deben ver las agravantes, la peligrosidad del reo. El in dubio pro reo, agregó Pallais, no tiene nada que ver con la “charanga” que están haciendo.

Ellos (Poder Judicial) están haciendo una aplicación indebida de penas y lo saben bien, pero le echan la responsabilidad a los diputados para encubrir las salidas escandalosas de asesinos y narcos, dijo Pallais.

En medio de la discusión y la responsabilidad que ambos poderes se achacan por la salida de asesinos y narcotraficantes, está la realidad, y es que la disminución de las penas para algunos delitos graves y el aumento para otros no tan graves, tuvo motivaciones políticas y económicas.

El jueguito para favorecer a Alemán
Por ejemplo, el delito de lavado de dinero, cuya pena era de cuatro a 25 años de presidio, pasó de cinco a siete años de prisión, y para nadie es un secreto que la reforma fue para beneficiar al ex presidente Arnoldo Alemán, quien tiene una condena de 20 años de presidio por lavado de dinero.

La reforma beneficia automáticamente a Alemán, por el principio constitucional que establece que la ley es retroactiva cuando beneficia al reo y ahora los 20 años se transforman en siete. Pero también beneficiará a los delincuentes del crimen organizado que cometan o hayan cometido ese delito. Cuando el lavado de dinero esté ligado al narcotráfico, la pena será de siete a 15 años de prisión.

Los diputados también bajaron la pena para el delito de asesinato que pasó de 15 a 30 años, a ser de 15 a 20 años, y solamente cuando concurran dos o más de las circunstancias siguientes: alevosía; ensañamiento; precio, recompensa o promesa remuneratoria, se impondrá una pena de 15 a 30 años de prisión.

La pena por violación pasó de 15 a 20 años a ser una pena de 8 a 12 años, o sea que la pena máxima será menor de lo que era la mínima, y sólo cuando se trate a menores será de 12 a 15 años. Los diputados no sólo bajaron penas para delitos como el asesinato, el lavado de dinero y la violación, sino que consideraron que es más grave robar ganado (delito de abigeato) que lesionar gravemente a una persona.

Así como la pena de lavado de dinero bajó para favorecer a Alemán, los diputados aumentaron la pena para el delito de abigeato, que pasó de dos a siete a años a ser de tres a 18 años de prisión para congraciarse con los ganaderos que así lo demandaron ante la Asamblea Nacional.

Fue así, bajo intereses políticos y económicos, que los diputados consideraron que es más grave robar o matar una vaca que violar a una mujer, lesionar gravemente a una persona al punto de que pierda un miembro, quede deforme, estéril o impotente, o que el crimen organizado utilice el país para lavar dinero.

La pena por una lesión gravísima a otra persona que la deje deforme, sin un miembro, estéril o impotente es de tres a diez años, pero si un funcionario comete abigeato se le impone una pena de cuatro a 18 años de prisión.

Pueden suspender pena hasta 5 años
Pero además de que se bajaron las penas, en el nuevo Código se estableció que los jueces o tribunales sentenciadores podrán dejar en suspenso la ejecución de las penas privativas de libertad de hasta cinco años mediante resolución motivada; para ello atenderán fundamentalmente a la peligrosidad criminal del sujeto.

El Código también establece la libertad condicional en las penas de prisión que excedan los cinco años, para aquellos sentenciados en quienes concurran las circunstancias siguientes: que hayan cumplido las dos terceras partes de la condena impuesta; que hayan observado buena conducta, y exista, respecto de los mismos, un pronóstico individualizado y favorable de reinserción social emitido por las autoridades penitenciarias.

La combinación de bajar penas a delitos graves, más estos beneficios legales, sumados a la combinación de la aplicación de los dos códigos a la vez, está dejando como resultado la libertad de asesinos, narcotraficantes y les seguirán los violadores.