Jorge Eduardo Arellano
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El presidente Daniel Ortega publicó en La Gaceta un decreto de Ampliación del Estado de Emergencia Económica, que suspende en todo el país durante seis meses, el derecho de Tropigás a interponer Recursos de Exhibición Personal o de Amparo, y el derecho pleno de esta empresa de realizar actividades económicas.

El Decreto 55-2008, publicado el tres de octubre, en su primer artículo ratifica el Decreto 53-2008, que autorizó la intervención a Tropigás y especifica también cuáles son los derechos consagrados en la Constitución Política que quedarán suspendidos durante ese período, pues la Asamblea Nacional solicitó aclarar este punto antes de aprobar el Decreto 53-2008.

“Las personas cuyos derechos constitucionales hayan sido violados o estén en peligro de serlo, pueden interponer el Recurso de Exhibición Personal o de Amparo, según el caso y de acuerdo con la Ley de Amparo”, establece el artículo 45, uno de los que fue suspendido.

El 188, también suspendido, va sobre la misma línea: “Se establece el Recurso de Amparo en contra de toda disposición, acto o resolución y en general de toda acción u omisión de cualquier funcionario, autoridad o agente de los mismos que viole o trate de violar los derechos y garantías consagrados en la Constitución Política”.

El presidente Daniel Ortega decretó Estado de Emergencia Económica a finales de septiembre. El Decreto facultó al Instituto Nicaragüense de Energía (INE) para intervenir Tropigás, la más grande empresa distribuidora de gas, pues ésta amenazó con desabastecer el mercado.

La Ley de Suministros de Hidrocarburos establece que el Ejecutivo tiene que declarar Estado de Emergencia para que el INE pueda intervenir en la cadena de distribución. En todo Estado de Emergencia, según contempla la Ley de Emergencia, Ley 44, se decreta la suspensión de garantías y derechos constitucionales, sin embargo en el Decreto 53-2008 no se especificó cuáles eran esas garantías suspendidas.

A juicio del constitucionalista Gabriel Álvarez, ahí está el primer error del mandatario, pues la Ley de Hidrocarburos manda intervenir la cadena de distribución no a la empresa, como sucedió.

“En este caso (la suspensión del derecho del recurso de amparo) es para que las personas de la empresa intervenida no puedan recurrir por la intervención”, explica el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Centroamericana (UCA), Manuel Aráuz.

No hay iniciativa privada
“El ejercicio de las actividades económicas corresponde principalmente a los particulares. Se reconoce el rol protagónico de la iniciativa privada, la cual comprende un sentido amplio, a grandes, medianas y pequeñas empresas, microempresas, empresas cooperativas, asociativas y otras”, establece el segundo párrafo del artículo 99, suspendido por el Estado de Emergencia.

Álvarez considera que esta es una “violación importante a la empresa, pues los estados de emergencia no se dictan para aplicarse a ningún caso concreto”.

El nuevo Decreto ratifica el Decreto 53-2008 “en todo su contenido, alcance y efectos legales, donde se establece la aplicación del Estado de Emergencia Económica afectando el suministro del gas licuado de petróleo en todo el territorio nacional por un período de seis meses y en el que se autoriza la intervención de la empresa Tropigás a través del Instituto Nicaragüense de Energía (INE)”.

“Pareciera que el Presidente quiere atribuirse facultades de la Asamblea Nacional. Esa figura (de ratificar) no existe, el Presidente no ratifica, lo declara y lo suspende”, expresa Álvarez, quien consideró erróneo el término ampliación.

El precepto constitucional (artículo 104) que “garantiza el pleno ejercicio de las actividades económicas sin más limitaciones que, por motivos sociales o de interés nacional impongan las leyes” queda interrumpido también.

Según Álvarez, la Asamblea Nacional está obligada a pronunciarse cuanto antes, por ser esta “materia delicadísima”. Hasta finalizar la edición de ayer, EL NUEVO DIARIO intentó comunicarse con el primer secretario del Parlamento, Wilfredo Navarro, para saber si el nuevo decreto ya fue enviado, pero éste no contestó las múltiples llamadas a su teléfono móvil.