• Managua |
  • |
  • |
  • elnuevodiario.com.ni

Carlos Ariñez Castel, de nacionalidad boliviana, fue deportado por las autoridades bajo el argumento de permanencia ilegal en el país.

A Ariñez Castel, que tenía cuatro años de vivir en Nicaragua, “se le canceló su residencia porque ya concluyó su misión”, dijo en rueda de prensa el director en funciones de la Dirección de Migración y Extranjería, Martín Jarquín.

El funcionario, que no explicó sobre la “misión” del boliviano en Nicaragua, ni precisó si ya había salido de Nicaragua ni hacia que país, dijo que antes de la deportación “se le informó a su debido tiempo” para ver su situación, y no acudió.

Previo a su deportación, el boliviano dijo a periodistas que a su parecer las autoridades tomaron esa medida por apoyar a cientos de ancianos que mantenían una protesta en las cercanías del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, INSS, en demanda de una pensión reducida.

Asimismo, explicó que tenía cuatro años de vivir en Nicaragua y solicitó su residencia a las autoridades, sin éxito.

Tanto el boliviano como otros jóvenes que se organizaron a través de las redes sociales, se solidarizaron con los ancianos durante esos días de protesta, en los cuales la policía impidió que les hicieran llegar alimentos, agua y medicinas a los manifestantes, lo que provocó indignación y una ola de solidaridad con los adultos mayores.

Ariñez Castel es casado con Zoila America Ortega Murillo, hijastra del Presidente Daniel Ortega Saavedra. Ortega Murillo quien coordina el organismo no gubernamental Centro de Estudios Internacionales, CEI, dijo que hace diez días regresó a Nicaragua con su marido y no tuvieron problemas en Migración.

“Tiene una colilla donde le habían aceptado todos sus trámites de residencia, él (Castel) andaba una esquela, (pero) le quitaron toda la documentación”, aseguró.

En la documentación confiscada al boliviano estaba su teléfono móvil, por lo que no pudo comunicarse cuando fue detenido, añadió.

Por su lado, el director en funciones de Migración aseguró que, cuando Castel fue interceptado en la vía pública, su actitud “fue tratar de enfrentar a nuestros funcionarios, al extremo de meterse a un vehículo, encerrarse y retarnos”.

Asimismo, el funcionario matizó la situación asegurando que el del boliviano es un caso común, ya que en lo que va de año han deportado a 120 personas.