Luis Galeano
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La viceministra de la Familia, María Isabel Muñoz, decidió reformar de hecho la Ley de Adopción de Nicaragua al emitir una resolución en la que prohibió entregar en adopción a niños abandonados o regalados por sus padres, aduciendo problemas de pobreza, contravención calificada de “absurda e ilegal” por algunos diputados, incluso sandinistas.

Muñoz, quien se acreditó como “Ministra por la Ley” para dicho acto, emitió ayer la Resolución Ministerial No. 24-2008, en la cual ordenó “suspender los procedimientos de adopción en aquellos casos de niños que no pueden ser atendidos por sus padres debido a situaciones de pobreza”.

Marcia Ramírez, encargada de dirigir el “Programa Amor”, dijo a EL NUEVO DIARIO que lo único que están haciendo con el ordeno de la ministra es velar por el derecho del niño a crecer con su familia, y que no sea por pobreza que tengan que entregarlos o regalarlos.

Ana Julia Balladares, Presidenta de la Comisión de la Mujer, Niñez, Juventud y Familia de la Asamblea Nacional, y la diputada sandinista Marta Marina González, de la misma Comisión, indicaron que la Resolución Ministerial no tiene efecto, porque el único facultado para reformar leyes es el Parlamento.

La Ley de Reforma y Adición al Decreto No. 862, Ley de Adopción, que estaba en vigor desde 1981, fue aprobada por la Asamblea Nacional el 18 de abril del año pasado, y en ella se establecen los mecanismos y procedimientos para realizar una adopción.

Los motivos de Muñoz
La nueva medida, según los considerandos de Muñoz, fue orientada por el presidente Daniel Ortega, en el marco del recién lanzado “Programa Amor”, y con el ánimo de evitar la desintegración de la familia nicaragüense a causa de la pobreza, una condición que afecta a la mayoría de la población.

Para ello invocó los artículos 76 y 70 de la Constitución de la República, que hablan de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que tienen derechos a medidas de prevención atención y educación que su condición requiere por parte de su familia, la sociedad y el Estado; y que la familia es el núcleo fundamental y que el Estado debe garantizar una atención integral a las familias que carecen de posibilidades para asumir la crianza de sus hijos.

Decidió legislar
Para cumplir con ese objetivo, Muñoz dispuso “garantizar a las familias en situaciones de pobreza extrema una atención integral que les permita recuperar capacidades para el cuido y crianza de sus hijos”.

A la vez estableció que se harán excepciones únicamente cuando se hayan agotado los esfuerzos del gobierno por lograr reintegrar a un niño abandonado a su familia de origen, tras un proceso de investigación administrativa y legal.

Se otorgarán “niños en adopción únicamente cuando se hayan agotado las posibilidades de ubicarlos en su familia de origen o con otros recursos familiares dentro de la misma”, reza la medida.

La Resolución Ministerial de Muñoz no precisó de dónde saldrán los recursos que destinará el Estado para ayudar a padres de bajos recursos a mantener a sus hijos, muchos de los cuales son abandonados en los hospitales por sus madres.

Programas en el aire
Marcia Ramírez dijo que “esto (la resolución) es simplemente darle fuerza al “Programa Amor”, es decir, que si un niño tiene su familia y porque es pobre la va a perder, no lo podemos permitir porque la vamos reforzar para que lo pueda sostener”, dijo Ramírez.

Sobre cómo se hará, Ramírez dijo que se implementarán programas económicos de búsqueda de alternativas de ingresos y procesos de trabajo sicosocial más especializados, entre ellos “escuelas de padres y métodos de crianza” que son estrategias de trabajo que no implican internados, sino trabajos de cerca con las familias.

“Resolución no tiene efecto”, dicen diputados
La diputada liberal Balladares dijo que cualquier funcionario que quiere quitar, derogar o reformar algunos aspectos de la Ley de Adopción aprobada el año pasado, tiene que solicitarlo a la Asamblea planteando sus razones y argumentos, para ver si los diputados lo consideran válido.

“A esto tenés que sumarle el problema que ha habido en ese Ministerio, que han cambiado no se cuántas veces a los ministros, y cuando viene el siguiente quiere cambiar lo que aprobó la anterior, y no podemos estar en ese jueguito”, añadió.

No hay ministra por la ley
A inicios de este año, Glenda Ramírez, quien funcionaba como Ministra de la Familia, fue sustituida por Rosa Adilia Vizcaya, quien fungió al frente de esa cartera hasta junio. La viceministra Muñoz estaba supuesta a ocupar la titularidad, pero el presidente Daniel Ortega nunca envió su nombramiento para que fuera ratificado por la Asamblea Nacional, y, por tanto, no hay Ministerio de Ley.

Marta Marina González, diputada sandinista y miembro de esa Comisión, coincidió con Balladares.

“La reforma que se aprobó dice que se tiene que formar el Consejo Nacional de Adopción, que es el que iba a tomar la decisión de cuándo se podía o no adoptar a un niño, y hasta donde sé, eso no se ha hecho. Si la ministra está tomando una decisión al margen de esa ley, pues eso es otra cosa”, dijo la legisladora.