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A pesar de la falta de vigilancia policial denunciada por las madres de las jóvenes abusadas por Eddy Ramón Meneses González, el comisionado mayor Héctor Zelaya Zelaya, jefe departamental en Nueva Segovia, rechazó el señalamiento de que la Policía no ha movido un dedo para investigar las amenazas de muerte.

Vilma Bravo, Presidente de la Junta Directiva de Los Pipitos, teme por la seguridad de sus delegados en Ocotal, ya que, igualmente, los familiares de las niñas víctimas entrevistadas en conferencia de prensa, dijeron estar bajo amenazas, lo cual era del conocimiento de las autoridades competentes que hasta ese momento no les prestaban ningún tipo de seguridad personal, ni en el perímetro de la escuela especial, por lo cual decidieron que al respecto enviarían una carta a la dirección de la Policía Nacional.

La también amenazada Nidia Torres, facilitadora regional de Los Pipitos y responsable del equipo de Las Segovias, dijo sentir miedo por la lejanía de la escuela de la zona urbana, por lo que algunos profesores hasta habían decidido renunciar y muchos niños dejaron de asistir a sus clases por la inseguridad en la cual se encuentran y la falta de vigilancia policial.

Policía dará protección
Mientras tanto, el jefe policial argumentó que no conocía “absolutamente nada” de lo denunciado en Managua y que de haberlo sabido a través de una denuncia formal “inmediatamente hubiéramos procedido a investigarlo”.

En cuanto nomás lo supo a través de EL NUEVO DIARIO, en la edición del martes, orientó a la subcomisionada Carmen Rocha, Directora de la Comisaría de la Mujer, a entrevistarse con los parientes de las niñas víctimas para verificar la información y conocer cuáles son las dificultades que pasan.

Además, el comisionado mayor Zelaya aseguró que el trabajo de la Comisaría de la Mujer, a cargo de Rocha, fue la instancia clave y beligerante para descubrir todos los casos de abuso de que estaban siendo víctimas las niñas con discapacidad de la Escuela de Educación Especial Niño Jesús de Praga.

Asimismo, dijo que la Policía ha asumido el compromiso que en la orden diaria de los servicios policiales, la patrulla motorizada visite el centro escolar y se verifique con el vigilante, debido a su ubicación marginal en que se encuentra en el sector suroeste de la ciudad.

Fátima Millón, representante de la Red de Mujeres contra la Violencia, considera que en el caso de amenazas, también el Ministerio Público debería actuar de oficio por garantizar los derechos de los niños y las niñas.

“Sin embargo, no siempre hay una actitud responsable de las instituciones por garantizar los derechos de las sobrevivientes al abuso, pues luego del proceso judicial viene el proceso de superación del trauma, pero muchas veces amistades o familiares revictimizan a quienes fueron ya ultrajadas”, dijo Millón.

Evaluando a los abusadores
Eddy Meneses González, que fue profesor de danza y carpintería en la escuela, por las 4 violaciones y uno por corrupción de menores, acumuló una condena de 71 años, que fue reducida a 30 por ser la pena máxima vigente en el país.

Por su parte, Margarita Quintanilla dijo que los estudios “reafirman que estas personas (violadores) lo hacen simplemente por el hecho de ejercer poder, y la dominación sexual es la máxima forma de poder. Por lo general, la violación no ocurre con violencia despiadada, sino que ‘trabajan’ psicológicamente a la víctima, bajo amenazas y culpabilizándola para que no denuncie el abuso”.

Indicó que los abusadores no son personas locas, ya que la misma acción no la intentan con personas que pueden defenderse o de manera pública.

“Lo principal es alertar a nuestros hijos, tener más confianza en ellos y ellas, además de nosotros estar alertas y abiertos a la comunicación del tema de la sexualidad con responsabilidad, protección y respeto”, señala Quintanilla.