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Representantes de los pueblos indígenas miskito, ulwa y creole presentaron hoy un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia, CSJ, contra la  Ley del Gran Canal,  porque la consideran lesiva para los territorios comunales.

Nora Newball, coordinadora de la Comunidad Negra Creole Indígena de Bluefields, de la Región Autónoma Atlántico Sur, RAAS, explicó que aunque no se oponen a un proyecto de tanta importancia para el país, valoran que la Ley no fue consultada con las poblaciones afectadas.

“Se infringen los derechos de propiedad sobre las tierras tituladas y tradicionalmente ocupadas por los pueblos indígenas, así como el acceso a sus recursos naturales”, insistió.

Dijo que el Estado de Nicaragua “unilateralmente ha anticipado el consentimiento de acciones futuras que ponen en peligro a los pueblos indígenas y afrodescendientes”.

“Las tierras comunales son inembargables y por eso creemos que se debió hacer una consulta previa, somos seres humanos que hemos vivido en esas zonas toda la vida y esto vendría a trastocar nuestra realidad”, manifestó.

En tanto, Allen Clair Duncan, presidente de la comunidad de Monkey Point, señaló que las tierras comunales “no tienen precio” por su valor histórico.

Comentó que, aunque no se conoce la ruta del Canal Interoceánico, estiman que con las rutas analizadas podría afectar al 60% de la población de la Costa Caribe.

La Asamblea Nacional, dominada por el Frente Sandinista (FSLN), aprobó apuradamente el pasado 13 de junio la controversial Ley Especial para el Desarrollo de Infraestructura y Transporte Nicaragüense, atingente a El Canal,  Zonas de Libre Comercio e Infraestructuras Asociadas.