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La intención del presidente de la república, Daniel Ortega, de expropiar propiedades invocando la “utilidad pública” o negociarlas a partir del precio catastral, es un accionar que a juicio de juristas y conocedores podría ser cuasi confiscatorio.

El interés del gobernante sobre la forma de acceder a tierras privadas fue manifestado desde inicios de este año, cuando envió al Parlamento el proyecto de “Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público”.

El proyecto de ley de Ortega que sustituiría a la actual Ley 323, y que ha sido cuestionado por diversos sectores por dejar muchas ventanas abiertas para actos irregulares, señala en su artículo 95 que “en el supuesto que sea imposible un acuerdo directo entre la entidad adquirente (el Estado) y el propietario del inmueble, se procederá al juicio de expropiación”.

Ortega, durante su intervención ante la Comisión de Infraestructura y Servicios Públicos de la Asamblea Nacional, el pasado martes, para analizar la iniciativa de Ley de Vivienda Digna, dijo que los dueños de tierras en las que el Estado pretenda avanzar en programas de construcción de viviendas sociales deberán negociar sus inmuebles sobre la base del precio catastral, de lo contrario serán expropiados.

“La expropiación se puede realizar perfectamente, mandando al Estado a negociar con el que va a ser expropiado, y si es necesario, expropiar una determinada cantidad de tierra para una obra, para una carretera, igual que el Estado ponga finalmente el valor a partir del precio catastral, negociar”, dijo Ortega en el encuentro, en el que además participaron representantes de la empresa privada y de la Cámara de la Construcción y Urbanizadores (Cadur).


“Sería confiscación simulada”, dice experto
Para el especialista en Derecho Constitucional, Gabriel Álvarez, el juicio de expropiación está plenamente establecido en las normas, pero la manera en que el Presidente ha planteado las cosas, es casi una confiscación.

“La expropiación es una figura legítima en virtud de la función social de la propiedad, y en un Estado Social de Derecho no deberíamos ver esa figura como mala, pero cuando lo que te está diciendo el Estado, representado por el Presidente, es que tenés que negociar en base al precio catastral, pues lo que está haciendo es invitándote a negociar con pistola en la cabeza”, dijo Álvarez.

El experto constitucionalista recordó que la confiscación está prohibida por la Constitución de la República, que en su artículo 44 señala que los funcionarios que infrinjan esta disposición responderán con sus bienes en todo tiempo por los daños inferidos.

“Es decir, para que lo que el Presidente dice que va a hacer es expropiación y no confiscación, debe indemnizar de manera justa y razonable a quien sea afectado al declararse de utilidad pública un bien que el Estado necesite, y no puede hacerlo tomando como base el precio catastral, porque de lo contrario sería una confiscación disfrazada”, explicó Álvarez.

Ortega aclaró que será una expropiación “negociada”, basada a partir del precio catastral de la propiedad, ya que muchas veces “los dueños de las propiedades sólo negocian a precios de mercado”.

“Cuando se enteran que se pretende impulsar un proyecto, piden un precio de libre mercado, lo que imposibilitaría no sólo la construcción de viviendas sociales, sino proyectos dirigidos a la comunidad, como son construcción de escuelas, iglesias, campos deportivos o carreteras”, dijo Ortega.


Proyecto de nueva Ley de Contrataciones, sí habla del precio de mercado
No obstante, la afirmación del Presidente relacionada con la actitud de los dueños de lotes que sólo negocian a precios de mercado, se contradice con lo que él mismo planteó en el proyecto de nueva Ley de Contrataciones que envió a la Asamblea Nacional en abril pasado.

“Excepcionalmente, cuando la adquisición de un inmueble corresponda por razones técnicas a un bien que por sus características sea el único idóneo para la satisfacción del fin público, se prescindirá de los procedimientos anteriores y se procederá, por la máxima autoridad del respectivo organismo o entidad del Sector Público, a una negociación directa con el propietario del inmueble, no pudiendo superar el valor del mismo el precio de mercado”, señala el mismo artículo 95 del proyecto de ley.

Álvarez dice que en Nicaragua rige la economía del libre mercado y que no es el Presidente quien debe distorsionar ese concepto. “El precio de mercado no es algo dañino, no es usura, porque se trata de un comportamiento que lo establece el comprador con el que quiere adquirir de una manera armónica”, dijo.

El ex presidente de la Corporación Nacionales de Empresas del Sector Público (Cornap) y ex miembro del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), Rosendo Díaz, dijo que los diputados y los juristas del país deben estar atentos a proteger a cualquier nicaragüense de un acto que sea o parezca una confiscación.

“Quienes tienen la facultad de velar porque en Nicaragua se respete lo que establece la Constitución en su artículo 44, son los diputados, así que son ellos los responsables de evitar que volvamos a acciones que se dieron en el pasado, de no muy grata recordación”, dijo Bendaña.

Añadió que “a mí me sorprende cómo diputados que dicen ser de la oposición y representantes de los empresarios, observan y escuchan al presidente Ortega que les dice de frente este tipo de cosas sin que se oiga una voz de disconformidad”.


Cadur: “El Estado jamás considera precio de mercado”

Alfonso Silva, Presidente de Cadur, dijo no sorprenderse de los planteamientos de Ortega, pues un principio básico es que el Estado nunca va a pagar precios de mercado. Su punto de referencia es el valor catastral, porque se supone que es una tasación adecuada sobre la cual el propietario del bien tributa.

“Lo que yo entendí es que el Presidente quiere evitar que se den especulaciones, pero existen sectores que observan o perciben otra cosa, y es eso lo que corresponde a los legisladores hacer ver, que todo se haga sin afectar la ley”.

Señaló que lo indicado es que cuando el propietario no está de acuerdo, exponga de manera clara que quiere que se someta su proceso a un arbitraje, para que de acuerdo a lo que establece la ley y con peritos especializados, se encuentre un valor medio entre el precio que dice el dueño y el que dice el catastro.

“En esto, lo que debe prevalecer es la visión de los legisladores y si ellos logran que la ley pase adecuadamente, en los términos correctos, pues estaríamos satisfechos todos y son ellos los que deben cuidar porque se cuide el proceso que existe actualmente en cuanto a la expropiación”, dijo Silva.


Lo positivo del proyecto de ley, según Cadur
El presidente de Cadur indicó que en general, el predictamen de ley de Vivienda Digna es positivo, porque lo que busca es disminuir las tasas de interés de los créditos para comprar casas de tipo popular, agilizar los trámites a través de ventanillas únicas, de manera que se hagan todos los procesos y trámites en un solo lugar, con respuestas relativamente cortas.

“En la ley se refuerzan las facultades del Invur, que ha sido un ente regulador sin mayor rol efectivo, además incluye el subsidio que ha anunciado el gobierno que va asumir sin afectar la inflación, el Presupuesto de la República es importante, sin afectar la tributación y generando empleo”, dijo Silva.

Sin embargo, señaló que ese subsidio sigue siendo “conservador” porque habla de un 2.5 y 3 por ciento, cuando en realidad los estudios que ellos mismos han hecho demuestran que se puede asumir hasta 5 por ciento, tomando en cuenta que la banca privada estableció hasta en un 11,5 por ciento la tasa de interés en el caso de las viviendas de mercado.

A la vez mencionó como otro aspecto positivo del proyecto de ley, la creación de un banco de tierras para esos proyectos de viviendas de interés social con patrimonio actual del Invur y los municipios, sin violar sus autonomías, lo cual permitiría a las urbanizadoras adquirir lotes más baratos para mantener accesibles las viviendas a los nicaragüenses de escasos recursos.