Eloisa Ibarra
  •  |
  •  |
  • END

No es por casualidad que los reos Marvin Antonio Pérez Tórrez y Gustavo Antonio Cuadra Urbina, ambos condenados por narcotráfico, murieran en la cárcel, mientras reos como Marty Downs, condenado por el mismo delito y capturado con 1,062 kilos de cocaína, fuera puesto en libertad por una juez, sin que padezca una enfermedad grave.

Un proyecto piloto realizado por la Defensoría Pública en 2007 y presentado ante la Asamblea Nacional en septiembre pasado demuestra que los reos pobres tienen un trato desigual al momento de aplicarles los beneficios, y que todo comienza desde el penal, donde el que no tiene para costear el combustible para ser trasladado al juzgado, no puede dar ni el primer paso para llegar a una audiencia a exponer su situación.

Cuadra y Pérez tenían en común dos cosas: carecían de “conectes” y eran pobres. Aunque Pérez ya había cumplido tres años y ocho meses de la pena de cinco años y estaba enfermo, no fue enviado a su casa, mientras que Downs, con sólo dos meses en la cárcel, fue remitido a su casa sin que padeciera una enfermedad que pusiera en riesgo su vida, según el dictamen forense.


Las grandes diferencias
La diferencia comienza desde que los jueces de juicio le imponen la pena al reo, lo que le abre o le cierra la posibilidad de salir pronto de la cárcel. Por ejemplo, mientras Cuadra fue condenado a diez años de prisión por capturarlo con 1,062 gramos de cocaína, Downs, detenido con 1,062 kilos de cocaína, fue condenado a cinco años como si se tratara de un “mulero”

En el Proyecto Piloto elaborado por la Defensoría Pública, adscrita a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y, que atiende a reos pobres, se atendieron casos de Bluefields, Chinandega, Juigalpa, Estelí, Matagalpa, Granada y Tipitapa.

En ese momento la población penal era de 6,088 y se entrevistó a 1,531 personas que tenían posibilidades de optar a un beneficio, representando el 25 por ciento, con base en eso, se presentó un total de 825 incidencias o solicitudes para condena condicional, libertad condicional, extinción de la pena, enfermedad, unificación y convivencia familiar.

Según el pilotaje, de las gestiones presentadas ante los diferentes juzgados de Ejecución de Pena, aún no se resuelve el 38.9 por ciento, y el 14 por ciento de los incidentes se declaró sin lugar, y aunque el tiempo promedio para resolver es de cuatro meses, hay trámites que han demorado más de un año, aunque el procedimiento establece cinco días.

Resulta evidente la solución desigual que se da a casos similares, lo que constituye un quebrantamiento al principio de igualdad constitucional. Las diferencias de criterio para la tramitación y en la resolución de los diferentes incidentes es una práctica cotidiana que permite caracterizar el actual derecho penitenciario como una materia impredecible e indeterminada, incierta e injusta, indica el resultado del pilotaje.

Asimismo, las diferentes interpretaciones judiciales ante una normativa no explícita facilitan resoluciones contradictorias y antojadizas, a algunos internos no se les reconoce el descuento por trabajo, o no se les reconoce durante el periodo de prisión; a otros sólo a partir de sentencia firme, lo que al final significa que una pena idéntica se cumpla para un sujeto en un plazo determinado y para otro requiera más tiempo en prisión.

Indica que la suspensión de la condena regulaba en el antiguo Código Penal para penas menores de tres años, y la libertad condicional para mayores de cinco años. Los reos con penas de tres a cinco quedaban sin regular, sujetos a la aplicación que quiera el juez.


Reos en abandono
Según la Defensoría, el trabajo les permitió identificar que existen condiciones que generan una mala praxis dentro del sistema que atenta contra una justicia gratuita e igual para todos, por ejemplo, el traslado de privados de libertad a las audiencias, que muchas veces sólo se realiza si el reo tiene para cubrir el gasto de combustible.

La Defensoría encontró que los reos con enfermedades terminales o crónicas, las personas con problemas mentales o sujetos sin recurso externo de apoyo por encontrarse ubicados fuera de su comunidad, no son atendidos debidamente.

Por todas esas situaciones de desigualdad encontradas, la Defensoría Pública demandó una Ley de Ejecución que establezca procedimientos iguales para todos, que asegure el derecho de defensa, que reduzca los amplios espacios de discrecionalidad y que asegure que en la cárcel también rigen los principios de derecho y de seguridad jurídica.

También resaltan en los resultados del pilotaje, la necesidad de que se vuelva una prioridad que jueces, fiscales, defensores y el resto de personal involucrado en estos temas, asuman con mayor sensibilidad, beligerancia y compromiso las funciones inherentes a sus respectivos cargos, todo en aras de no violar el derecho de los privados de libertad, que en su mayoría pertenecen a sectores sociales con un bajo nivel económico ocupacional, no conocen sus derechos, ni tienen certeza sobre la forma cómo ejecutará la pena que descuentan.


Con los dos Códigos
El vicepresidente de la CSJ, Rafael Solís, informó que diez magistrados de la Sala Penal y Constitucional decidieron ayer que seguirán aplicando todos los beneficios que contengan los dos Códigos, el viejo y el nuevo.

Explicó que los reos condenados de conformidad al Código Penal de 1974, continuarán bajo dicho Código; pero si hay aspectos del nuevo que los benefician, por ejemplo, disminución de los años de pena por el delito, los aplicarán, porque la Constitución establece la retroactividad de la ley cuando favorece al reo.

Solís rechazó las afirmaciones del Presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, quien dijo que la aplicación de los dos códigos a la vez es ilegal. “Nos vamos a reunir con la Comisión de Justicia para explicarles”, indicó el magistrado.

En relación a los condenados por narcotráfico, dijo que siguen sin ponerse de acuerdo en que si deben declarar inconstitucional la Ley 285 y fallar caso por caso, resolviendo según la gravedad.