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Porque supuestamente hay toda una trama para despojar a sus representados de una valiosa propiedad, el ex magistrado Enrique Alemán Flores denunció ante el Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial (Cnacj), de la Corte Suprema de Justicia, a ocho funcionarios judiciales, entre ellos seis magistrados del Tribunal de Apelaciones de Masaya y la Sala Nacional de la Propiedad de Managua.

En el escrito que Alemán presentó ante el Cnacj señala que posee información que indicaría que, supuestamente, existen “fuerzas políticas” que harán que la sentencia que sus clientes tienen a su favor sea anulada, y que “van a hacer desaparecer el expediente”.

Aunque no fue posible ubicar a todos los denunciados, el magistrado presidente de la Sala Nacional de la Propiedad, Reynaldo Monterrey Edén, señaló que las afirmaciones que Alemán hace en su denuncia no están apegadas a la verdad.

Alemán Flores es el abogado de Samuel Cárcamo Gutiérrez y Elena Sanabria de Cárcamo, quienes desde hace diez años reclaman cuatro manzanas y media de tierras ubicadas en la faldas del Coyotepe, en Masaya, propiedad que ocupa una empresa textilera que la compró a doña Gilda Lizeth González, esposa del diputado sandinista Nasser Silwany Báez.

El juez civil de Masaya, Danilo Jiménez Cajina, inicialmente ordenó la ejecución de la sentencia que él mismo dictó mediante la entrega material de la propiedad en disputa a sus dueños, pero luego admitió la apelación que promovieron González y el representante legal de la textilera. Después le notificó a las partes que debían ir a expresar agravios ante el superior jerárquico, es decir, ante la Sala Civil del Tribunal de Apelaciones de Masaya, sin embargo, el secretario del Juzgado Civil de Masaya trasladó el expediente del caso a la Sala Nacional de la Propiedad.


Sentencia firme, pero no les importa
Alemán explicó que contra una sentencia firme que tiene carácter de cosa juzgada no cabe ulterior recurso, por lo que procedió a denunciar al juez civil de Masaya, a su secretario y a los magistrados de la Sala Civil de Masaya, porque pese a que les pidió conforme a ley que asumieran la competencia del caso, no le dieron respuesta.

Igualmente explicó que denunció a los magistrados de la Sala Nacional de la Propiedad, encabezados por su presidente, Reynaldo Monterrey Edén, porque, según él, “están prevaricando y abusando de su autoridad al arrogarse una competencia que no tienen”.

Monterrey explicó que no podía dar una respuesta contundente sobre la competencia, porque precisamente ése es uno de los elementos jurídicos que los magistrados de la Sala Nacional de la Propiedad discutirán.

“Yo creo que el doctor Alemán está en una situación de desesperación que no se corresponde con la realidad que nosotros estamos tramitando. Nosotros no nos hemos pronunciado si tiene derecho o no el uno o el otro”, insistió Monterrey, quien informó que Alemán no se personó ante la sala a expresar agravios pese a que fue debidamente notificado.


No se personó para no validar zanganada
El aludido confirmó que no se personó porque no le va a dar competencia por la vía de hecho a un Tribunal que no la tiene, pero Monterrey recordó que fue el juez Civil de Masaya quien admitió la apelación que le permitió a la Sala Nacional de la Propiedad arrastrar el expediente.

Además recordó que la sala tiene la facultad de conocer “cualquier juicio que se dé dentro de las leyes de la propiedad reformada, que es la Ley 278 que tiene que ver con las propiedades que se otorgaron conforme las leyes 85-86 y la Reforma Agraria”.

El abogado denunciante aclaró que sus clientes no fueron confiscados ni indemnizados al amparo de las leyes arriba mencionadas, pero su contraparte, la señora Gilda Lizeth González alegó en su momento que el reclamo de los Cárcamo es nulo porque éstos fueron objeto de un decreto confiscatorio “el cual sigue vigente porque no ha sido derogado”.

La Sala Nacional de la Propiedad dijo que precisamente eso es lo que van a analizar y para ello le pidieron a la Oficina de Cuantificación de Indemnizaciones del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que les informe si han pagado o indemnizado por cualquier propiedad a los señores Samuel Cárcamo y María Elena Sanabria.