Lizbeth García
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Ante un reclamo de alimentos para dos menores, de nada le sirvió la inmunidad al magistrado del Consejo Supremo Electoral José Marenco Cardenal, a quien la juez Ericka García le embargó el 40 por ciento de su salario mensual de 113 mil córdobas.

Para conocer la versión del magistrado embargado, EL NUEVO DIARIO se personó ante el vocero del Consejo Supremo Electoral, Félix Navarrete, pero éste señaló que el magistrado declinó declarar sobre su vida privada.

“Vine como juez ejecutora de las diligencias de embargo preventivo que decretó el juez Local Único de Ticuantepe en concepto de una pensión alimenticia que se está reclamando”, confirmó la juez García ayer, en las instalaciones del Consejo Supremo Electoral- Sajonia.

La juez ejecutora del embargo explicó que cuando hay un reclamo de alimentos, “esto prima sobre cualquier inmunidad, porque lo que está de por medio es algo sensitivo y la ley no puede dejar desprotegidos a los menores”.

El abogado Léster Mendoza Gálvez explicó que representa a la señora Juana del Socorro Moncada Téllez, quien procreó dos hijos con el magistrado Marenco Cardenal, contra quien decidió trabar embargo porque supuestamente desde que nacieron los menores sólo les ha entregado tres mil córdobas para su manutención.

Antes de trabar embargo, ayer, doña Juana del Socorro había promovido una demanda en reclamo de alimentos contra Marenco en los juzgados civiles de Managua, pero la dama desistió de la acción a cambio de una promesa de reconocimiento paterno y de una pequeña suma de dinero, es decir, los famosos tres mil córdobas.

“Pero como esto es un derecho de los niños, no de la madre, ella volvió a invocar la tutela y estamos sobre ese efecto”, agregó el abogado, quien informó que su demandante está reclamando pensión por el orden de un millón de córdobas.

El abogado adelantó que dentro de 15 días van a bonificar el embargo mediante la respectiva demanda de alimentos en reclamo de casi un millón de córdobas en concepto de doce meses de pensión alimenticia retroactiva, costos y gastos del embargo y 54 mil córdobas mensuales como pensión ordinaria para los menores.

Luego solicitarán a Marenco que reconozca legalmente a los niños, pero si no quiere, pedirán al juez de la causa que ordene la prueba de ADN para establecer la paternidad, aunque señaló que los menores son muy parecidos al magistrado.