Mauricio Miranda
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  • EFE

Los jueces de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) dictarán el 13 de diciembre su sentencia referida a las objeciones preliminares interpuestas por Colombia, en la disputa que le enfrenta con Nicaragua por su frontera en el Mar Caribe.

El fallo, que será leído por la presidenta de la CIJ, Rosalyn Higgings, a las 10.00 horas de La Haya, 3:00 de la madrugada en Nicaragua, no tratará por lo tanto sobre cuestiones de fondo del contencioso.

Colombia solicita a los jueces que declaren terminado el conflicto marítimo con Nicaragua, argumentando que la CIJ, el máximo órgano judicial de la ONU, no tiene competencias en este caso, lo cual es rechazado de plano por Nicaragua.

Mauricio Herdocia Sacasa, especialista en derecho internacional, explicó que dicho fallo definirá la situación de las objeciones preliminares planteadas por Colombia.

“Es un fallo que se va a limitar a indicar si la Corte tiene o no tiene jurisdicción, pero no entrará en el fondo del asunto planteado por Nicaragua”, señaló.

“Es decir, no se decide en esta etapa sobre las solicitudes presentadas por Nicaragua a la Corte en relación con la soberanía sobre los espacios insulares ni sobre la delimitación. Se trata de una etapa previa al fallo subsiguiente sobre los méritos”, indicó.

Decidirán si van al fondo o no

Según Herdocia, la sentencia del 13 de diciembre determinará “si hay o no una fase de fondo, donde se van discutir los planteamientos torales del país sobre su soberanía en relación a las islas y a los cayos susceptibles de apropiación y, se va a determinar una línea única de delimitación de las respectivas Plataforma Continental y Zona Económica Exclusiva”.

Dos resoluciones que nos favorecerían

También dijo que si la Corte rechaza las objeciones preliminares de Colombia, como espera Nicaragua, o bien considera que tales objeciones no son estrictamente preliminares y que deben decidirse conjuntamente con el fondo del asunto, Nicaragua obtendría una gran victoria.

“Porque aseguraríamos que la Corte va a conocer sobre los innegables méritos de la demanda de Nicaragua para terminar de demoler jurídicamente la inverosímil frontera en el meridiano 82 que se le impone a Nicaragua, cortando su proyección continental al mar y cercenando sus espacios marítimos”, aseguró.

“Entonces, pese a su carácter preliminar, la sentencia es vital para que el juicio siga su curso y Nicaragua pueda obtener la reivindicación territorial y marítima que le corresponde por Historia, Geografía y el Derecho Internacional”, afirmó.

¿Que está en juego en el caso?

“Nada más y nada menos que la posibilidad de que podamos pasar a la fase siguiente, donde se van a debatir ante la Corte los argumentos de Nicaragua sobre sus derechos y continuar la labor de destrucción jurídica del muro de contención plantado por Colombia en el meridiano 82, a escasas millas de nuestras costas”.

“Esa labor ya fue iniciada con al fallo emitido por la propia Corte en el caso sobre la delimitación marítima en el Caribe entre Nicaragua y Honduras, donde el Tratado Ramírez-López, pieza estratégica de Colombia, fue totalmente desvirtuado”, manifestó.
Lo que dice Colombia
Bogotá niega la existencia del problema, pues considera que la frontera entre los dos países quedó fijada en el Tratado Esguerra-Bárcenas de 1928-1930.

Nicaragua, en cambio, incide en la existencia del litigio, como lo demuestra, a su juicio, que después de 1930 han tenido lugar negociaciones bilaterales entre los dos países para intentar resolverlo.

Nicaragua basó su denuncia en el artículo 31 del Pacto de Bogotá, de 1948, en el que Bogotá y Managua se comprometieron a reconocer la competencia de la CIJ en la resolución de conflictos relacionados con el derecho Internacional o la interpretación del Tratado.

Colombia niega la validez de este artículo como base legal de la denuncia de Nicaragua, al argumentar que el Pacto de Bogotá también dice en su artículo 6 que no puede aplicarse en temas que ya han sido solucionados en tratados anteriores.

Además, invocando el artículo 44 del Pacto de Bogotá, Colombia pide a la IJ que declare “terminado” el conflicto de naturaleza marítima en juego, que para Bogotá ya está solventado desde 1930.

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