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El Ministerio Público debería mejor invertir su tiempo en los 82 mil casos pendientes, que insistir en citatorios sin fundamentos a las organizaciones Centro de Investigación de la Comunicación, Cinco, y al Movimiento Autónomo de Mujeres, MAM, señala parte de un análisis preliminar que realiza el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, ante las acusaciones de supuestos ilícitos cometidos por las organizaciones mencionadas.

“Están desgastando a funcionarios públicos que mejor deberían estar atendiendo los 82 mil casos de mujeres, niños y niñas, cuyas denuncias piden justicia luego de ser víctimas de la violencia intrafamiliar. Son casos acumulados que están en espera, según las Comisarías de la Mujer, y que el Ministerio Público no ha impulsado la acción penal en el órgano respectivo, pero sigue un proceso solicitado por el Ministerio de Gobernación, Mingob, de interrogatorios sin sentido”, expresó Norwin Solano, abogado del Cenidh.

Indicó que después de que el Cenidh ha dado acompañamientos a las entrevistas citadas por el fiscal auxiliar Manuel Reyes Juárez, se evidencian interrogatorios improvisados, cuasi judiciales, sin indicios racionales de una investigación seria.

Exige que le determinen el delito que cometió
Sobre el caso, Carlos Fernando Chamorro, presidente de la Junta Directiva de Cinco, fue nuevamente citado por el Ministerio Público, ahora para presentar una serie de información de sus libros contables, sin embargo, no se presentó. A cambio envió una declaratoria en la cual dijo estar anuente a entregar la documentación solicitada siempre y cuando le determinen bajo qué delito se le persigue.

El documento entregado dicta: “Ésta es la segunda vez que me citan ante usted y estoy anuente a comparecer en cumplimiento de las leyes del país, pero es obligación de su autoridad cumplir con lo ordenado con el artículo 26 constitucional, que señala que ‘toda persona tiene derecho a conocer toda información que sobre ella hayan registrado las autoridades estatales, así como el derecho de saber por qué y con qué finalidad tiene esa información’.

“Según la citatoria y la entrevista que usted me hizo, su autoridad no tiene una denuncia en contra nuestra, y si acaso ahora tiene denuncia, solicito que me la dé a conocer tal como es mi derecho, y así lo ratifica el artículo 95 numerales 1 y 2 del Código Procesal Penal, CPP, en consonancia con el artículo 34 Cn que regula el debido proceso. Así mismo, solicitamos que nos informe, además del tipo penal por el que se hizo la denuncia, quiénes son las personas que están siendo objeto de esta investigación”.

Señaló que en relación con el requerimiento de documentación de Cinco, conforme a los artículos 250 y 252 CPP citados como fundamento del Ministerio Público para hacer este requerimiento, no es obligación de Cinco facilitar esa información al Ministerio Público. “A pesar de ello, con la transparencia que la ha caracterizado en toda su vida legal, Cinco ha estado colaborando con esta sui generis investigación, y en nuestra primera citatoria entregamos dos documentos: a) Las bases de convocatoria para los proyectos del “Fondo Común para la Gobernabilidad Democrática” y las bases del “Fondo de Equidad de Género”, y b) el escrito “En Defensa del Derecho de Asociación”, presentado por Cinco ante el Mingob, en el que se explica ampliamente nuestra participación en ambos Fondos y la naturaleza de los convenios suscritos. Este último documento fue suministrado a su autoridad por la miembro de la Directiva de Cinco, Sofía Montenegro”.

Chamorro reiteró su disposición de aportar la información necesaria a la luz de lo que establece el arto 26 Cn parte in fine, que dice textualmente: “La ley fija los casos y procedimientos para el examen de documentos privados, libros contables y anexos, cuando sea indispensable para esclarecer asuntos sometidos al conocimiento de los Tribunales de Justicia o por motivos fiscales.”

Así dijo quedar a la orden para facilitar la información necesaria, previa entrega de la denuncia que existe en su contra por supuestas “actividades ilícitas”, haciendo la salvedad de que en la legislación penal vigente no existe el tipo penal denominado “actividades ilícitas”.

Obligados a presentarse
Según la fiscal adjunta, Ana Julia Guido, la posición de Chamorro y de Sofía Montenegro, también representen de Cinco, era prepotente y arrogante, pues los requerimientos especificados por la institución eran sólo parte normal de un proceso de investigación en un caso de presuntas actividades ilícitas.

Por lo tanto, si Chamorro no se presentaba después de tres llamados sería requerido por la fuerza pública. Igual criterio tuvo para Montenegro, quien hoy fue llamada nuevamente, ya que a la cita del miércoles no se presentó. La fiscal indicó que en esta ocasión Montenegro tenía que declarar como miembro del MAM, organización a la cual también pertenece, además de Cinco.

Así mismo, alegó que no existe ninguna persecución dirigida en contra de Cinco, y aseguró que tampoco había involucrado elementos políticos en los señalamientos realizados por el Ministerio de Gobernación.

Campaña de desprestigio y mensaje de censura
Mientras tanto, Solano indicó que realizarán un informe, por lo cual “estamos sistematizando todos los aspectos relacionados, con un análisis coyuntural sobre las acciones que han emprendido contra líderes de la sociedad civil que han sido fuertes críticos de las políticas del gobierno”, señala, agregando que su organización preliminarmente ha llegado a la conclusión de que hay una verdadera selectividad, tanto de personajes como de organizaciones, para que vayan a rendir sus declaraciones.

Comenta que esto permite a los medios de comunicación oficialistas, sostener la campaña de desprestigio e insultos contra las ONG, y en su opinión es parte de una estrategia para obligar a la autocensura. “Bajo presiones han logrado cerrar espacios de análisis políticos y estos actos intimidatorios no son sólo para las asociaciones determinadas, también a otras organizaciones que se dedican a promover la participación política, a promover el Estado de Derecho, la legalidad y la democracia”.

Solano dijo que, efectivamente, el mensaje también está dirigido a las agencias de cooperación externa para que redirijan sus fondos, amedrentándolos a fin de que descontinúen el apoyo financiero y las organizaciones civiles ya no puedan seguir laborando en sus objetivos. Otro sector al que se dirigen las “señas” es a la población y a los medios de comunicación, como los principales vehículos en la transmisión de los derechos ciudadanos.

Investigando contabilidad
Sobre las indagaciones sobre la contabilidad de las organizaciones, Solano mencionó que la petición de libros contables, planillas y estados financieros tampoco tiene razón por ser información a la que ya tienen acceso el Mingob, pues las ONG le reportan informes anuales, semestrales y trimestrales. Algo de lo que no sólo se entrega cuentas a Gobernación, sino a la Secretaría de Cooperación Externa.

Además de Cinco, otra organización citada fue la Red Nicaragüense de Comercio Comunitario, e igualmente solicitaron libros de contabilidad, diario mayor y actas, comprobantes de diario y comprobantes de egresos con sus respectivos soportes, estados financieros y anexos, planilla de salario, contratos por servicios profesionales, estados de cuentas del INSS, estados de cuentas y conciliaciones bancarias, además de recibos de caja y, finalmente, los convenios que han suscrito. Esto por presuntas actividades ilícitas.

Para hoy viernes fueron citadas las representantes de la Red de Mujeres Contra la Violencia del Grupo Venancia, de Matagalpa, por supuestos ilícitos.