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De "gallo-gallina" calificó la representante legal de Walkiria Gaitán Espinoza, expareja de Roberto Barberena Mendoza, conocido en el mundo artístico como el payaso Pipo, la decisión del juez de Violencia, Harold Leal, por mandarlo a juicio para el 22 de agosto pero sin obligarlo a pagar nada.

“El juez lo mandó a juicio (a Pipo) por la presencia de los medios de comunicación, pero no ordenó el pago de la pensión provisional de C$50,000 para los dos niños, aunque la Ley 779 se lo permite", se quejó la abogada Karla Alvarado Martínez, representante de la denunciante.

A Pipo la Fiscalía le acusa por violencia patrimonial y violencia psicológica en perjuicio de su expareja y sus dos hijos.

El juez Leal establece como medidas cautelares para Pipo, la prohibición de acercarse a las víctimas, no comunicarse con ellas y la obligación de recibir atención psicológica en un término de ocho días.

También Pipo tiene prohibido utilizar armas de fuego durante el término que dure el proceso judicial y le fue extendido a las víctimas una orden de protección, estableciendo que si el acusado violenta alguna de las medidas impuestas, pueden pedir el auxilio policial.