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  • AFP

Un organismo de derechos humanos de Nicaragua llamó al presidente Daniel Ortega a cesar la persecución contra las organizaciones no gubernamentales (ONGs), movimientos civiles y medios de comunicación críticos con su gobierno.

"Yo quisiera reclamar al Estado, al gobierno de Ortega, que deje en paz a las ONGs y en particular a los movimientos sociales que no son fieles a él", porque hoy está "en el poder, pero posiblemente dentro de tres años no lo esté", demandó el director ejecutivo del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Bayardo Izaba.

"Por favor ya cesen esta campaña de desestabilización" que el gobierno dirige contra "la sociedad civil y los medios de comunicación", con apoyo de la administración de justicia, declaró Izaba al programa televisivo "Esta Semana". El gobierno sandinista que preside Ortega pidió en septiembre al Ministerio de Gobernación que indagara el funcionamiento de unas 700 ONGs por supuestas ilegalidades, de las cuales 17 fueron remitidas a la Fiscalía bajo cargos de "actividades ilícitas", sin precisar los motivos.

La mayoría de los organismos bajo investigación son tutelados por disidentes del Frente Sandinista (FSLN, izquierda), entre ellos grupos feministas que respaldaron a su hijastra Zoilamérica Narváez en la denuncia que hizo en su contra, en 1998, por presunta violación.

El gobierno ha acusado públicamente a estos organismos de ser grupos "parapolíticos" al servicio de intereses foráneos que pretenden desestabilizar al país.

El último caso se produjo el sábado, cuando la Fiscalía allanó las oficinas del Centro de Investigaciones para la Comunicación (Cinco), que conduce el periodista independiente Carlos Fernando Chamorro, y la del Movimiento Autónomo de Mujeres (Man).

Chamorro acusó a la Fiscalía de llevarse ilegalmente unos 15.000 folios (páginas) sin explicarle las razones por las cuales se le investiga.

El fiscal asignado, Douglas Vargas, admitió este lunes que no hay cargos y que los delitos se formularán cuando los seis auditores y dos peritos informáticos que trabajan en ambos casos terminen la verificación.

No obstante, el inspector general de la Fiscalía, Armando Juárez, que coordina las pesquisas, dijo que la ONG "Cinco operaba como frente de asistencia financiera con recursos que captaba de (la ONG) Oxfam de Gran Bretaña".

Juristas como Sergio García y Carlos Tünermann coinciden en que la Fiscalía actúa de manera ilegal porque el allanamiento sólo es permitido dentro de un juicio o cuando se "esté cometiendo un delito 'in fraganti', que el delincuente vaya huyendo o se pida auxilio desde una morada".

Una comisión del Congreso anunció que pedirá explicaciones a las autoridades de la Fiscalía y del gobierno por violar los derechos de las ONGs.

Sin embargo, la Fiscalía anunció que esta semana pedirá a otras cinco organizaciones la documentación contable del último quinquenio. Entre estos grupos figuran la Coordinadora Civil y Oxfam, informó el fiscal Vargas.

Oxfam solicitó una prórroga de una semana que le fue concedida, no así al resto de las ONGs que fueron citadas, contra las que pesa una orden judicial de allanamiento si no cumplen con el requerimiento.

Izabá no descartó que la Fiscalía -sobre la que el gobierno ejerce desde hace dos años una fuerte influencia- "pueda fabricar de manera maliciosa" algún delito contra los representantes de la ONGs, que en medios oficialistas son acusados de lavado de dinero.