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El inspector General de la Fiscalía, Armando Juárez, empezó a darle la razón al presidente de Cinco, Carlos Fernando Chamorro, quien denunció que la extracción descontrolada de documentos y de varias computadoras de las oficinas de ese organismo a través del secuestro ordenado por una judicial, serviría para “fabricar delitos políticos” en su contra.

Juárez dijo ayer en una entrevista televisiva en el oficialista Canal 4, que han encontrado las pruebas que demuestran que el Movimiento Autónomo de Mujeres, MAM, a través de Cinco, con el apoyo de Oxfam Gran Bretaña y Forum Syd, ha estado haciendo apología del delito al promover el aborto terapéutico y otros documentos que demuestran que ambos organismos trabajan con el fin de elaborar planes de desestabilización en contra del gobierno que preside Daniel Ortega.

“Hemos encontrado respaldo y financiamiento para promociones de campaña para despenalizar el aborto. Esto es significativo, porque Forum Syd ha mantenido un flujo inmenso de recursos y de millones de dólares alrededor de movilizar a la ciudadanía alrededor de la despenalización del aborto”, señaló el fiscal.

Juárez recordó que la Fiscalía tiene una misión de persecución en contra de aquellas personas que comenten un delito y --como el aborto está penado-- debe perseguirse a aquellos que, en una “situación de apología del delito”, promueven esta acción penada por la ley.


“Están desesperados y sentencia ya está redactada”, dice Chamorro
El presidente de Cinco, el periodista Carlos Fernando Chamorro, al ser consultado por EL NUEVO DIARIO, dijo que las declaraciones del fiscal Juárez confirman las denuncias que hizo el fin de semana, en las cuales señaló que la falta de pruebas para imputarle el delito de lavado de dinero, estaba llevando al Ministerio Público a llevarse de las instalaciones de Cinco cualquier instrumento que les sirviera para achacarles delitos.

“Como no tienen pruebas por el delito de lavado de dinero, ahora están desesperados por fabricar delitos de carácter político, y, al adelantar el fiscal acusaciones como las que hizo, viola nuestra presunción de inocencia y demuestra que no se respeta el debido proceso, adelantando la sentencia política que ya está redactada”, dijo Chamorro.

“Acá lo que se quiere impedir es el derecho constitucional de petición, y me gustaría que el fiscal Juárez se someta al criterio de cualquier abogado constitucionalista para que le instruya sobre si pedir la despenalización del aborto terapéutico es delito”, dijo el presidente de Cinco.

Juárez, para dar ejemplo de que los ONG hacen de actores políticos, mostró durante su comparecencia un recibo en donde la directiva de Cinco y miembro de MAM, Sofía Montenegro, entregó 1,500 córdobas en concepto de contribución para la conferencia de prensa que brindaría el Movimiento de Renovador Sandinista (MRS).

“Lo que hay es una maniobra de enmascaramiento de cómo encubrir un recurso que está desviándose y que, podemos decir, está sirviendo para actividades políticas, pero no sabemos si está ligado a actos de corrupción, por los que se están beneficiando de estos recursos”, sostuvo.

También se encontraron recibos en la documentación de Cinco para la elaboración de 500 camisetas serigrafiadas con la frase “Democracia Sí, Dictadura No”.

“Quieren criminalizar actividad política”, dice Chamorro
“Lo que quieren es convertir en delito político que los ciudadanos participen en actividades cívicas que tienen connotación política, ya sea en defensa de la democracia o el rechazo al autoritarismo, es tratar de criminalizar la actividad política”, dijo el presidente de Cinco.

Al hablar del recibo mostrado por Juárez del apoyo económico que el MAM a través de Sofía Montenegro ha brindado al MRS, Chamorro señaló que el fin de semana cuando se secuestraron los 15,000 folios y las cinco computadores del ONG, dijo que se estaba secuestrando información personal que nada tiene que ver con el trabajo que hacen como Cinco, y ahora quieren usarlo para formar el delito que le quieren imputar.

“Ellos se llevaron documentos que son de carácter privado, me refiero a que son del fuero interno de actividades de las personas, y todas las personas tienen derecho a tener su opción política”, dijo Chamorro, quien le pidió a Juárez que establezca el vínculo entre una cosa y la otra.

Juárez calificó de "show mediático" los alegatos de Chamorro. “Este señor (Carlos Fernando) dice que no le decimos por qué se investiga, y yo le digo aquí que es porque utiliza su organismo para intermediar dinero de forma enmascarada como prestanombre hacia MAM para actividades políticas. Esos son los hallazgos de Gobernación y no tipificamos todavía, porque no hemos concluido la investigación, antes no se puede”, dijo Juárez.

Chamorro explicó que los convenios a los que se refiere el fiscal, al ejecutarse son debidamente auditados bajo la responsabilidad de Cinco. “Nosotros rendimos cuenta a los donantes de las actividades que hacemos y todo está debidamente soportado”, expresó.

Juárez dijo que “este señor Chamorro por su enorme ego y una prepotencia inmensa no admite que lo cuestionen sobre su actuar, y no entiende que debe obedecerle a las instituciones de poder”. El fiscal aseguró que han encontrado que en la relación Oxfam-Cinco-MAM, en tres años han localizado fondos de hasta 10 millones de dólares y 40 millones de córdobas.

“Que demuestre que hemos manejado esas cifras”, retó Chamorro Barrios, quien insistió en que las acciones contra Cinco son un mensaje de atemorizar al país en general.

El fiscal ejecutor de los allanamientos y del secuestro de la información, Douglas Vargas, dijo que hasta el momento seguían verificando los datos de la documentación, y no podía aventurarse a explicar el contenido de éstos, pues en eso trabajaban los contadores.


Continua desfile en Fiscalía
Mientras tanto Charles Grigsby, representante de Oxfam GB en Nicaragua, se presentó ayer al requerimiento de la Fiscalía para presentar su documentación contable, sin embargo, solicitaron una prórroga.

“Estamos con toda la voluntad de colaborar con el gobierno y entregar toda la documentación que ellos requieran en tiempo y forma. Sobre las presunciones hay que preguntarle al gobierno al respecto, ya hemos aclarado en qué contexto se entregó el dinero y estamos en la entrega de la documentación para que el gobierno quede tranquilo al respecto”, expresó Grigsby
El fiscal Vargas indicó que por ser una información abundante, accedieron a la petición, y esperan tenerla el jueves por la mañana. Vargas explicó que la solicitud del quinquenio de información de contabilidad corresponde a los efectos de investigación y cobertura del delito, pues anterior a esos cinco años el delito prescribe

No dan prórroga a Forum Syd
Forum Syd, que también se presentó a la Fiscalía para pedir una ampliación del término, no tuvo la misma suerte. “No se concedió porque nuestro trabajo, por ser de carácter penal, prima sobre el orden administrativo en el cual laboran las otras instituciones”, explicó Vargas.

Por tal motivo, hoy a las 10 de la mañana fue citada nuevamente su representante Magda Brattemark. Por la tarde llegará Georgina Muñoz, en representación de la Coordinadora Civil. Mañana miércoles estarán Jenette Castillo, de la Red de Mujeres Municipalistas de Nicaragua, y posteriormente Mario Quintana, por la Coordinadora Civil.


Procurador de derechos humanos avala intervención
Mientras tanto Omar Cabezas, procurador de Derechos Humanos, dijo que ya era tiempo de que las instituciones competentes revisaran las “bandidencias” de los ONG. “Estoy de acuerdo que lo hagan de acuerdo a las leyes. Hasta el momento está todo de acuerdo a la ley”.

Al preguntarse sobre las anomalías en el proceso de allanamiento y secuestro de los libros contables de Cinco y MAM, dijo “¿Qué si se están violando los derechos humanos? No hay que revolver el sebo con la manteca. Una cosa son los derechos humanos y otra las leyes”.

El subprocurador Adolfo Jarquín, se distanció de Cabezas al señalar que “es clarísima la violación a los derechos humanos y a las normas constitucionales, y no hay peor ciego que el que no quiere ver”.

A pesar de las denuncias de violación a los derechos humanos por una institución gubernamental, Cabezas dijo que él no intervendría de oficio, pero que si Carlos Fernando Chamorro llega, pues lo va a atender.