Lizbeth García
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Aparentemente alentados por las escandalosas resoluciones que algunos jueces han emitido a favor de narcos en los últimos días, los colombianos que fueron condenados a 13 años de presidio por el tráfico de más de una tonelada de cocaína, le pidieron ayer a la juez Segundo de Ejecución de Sentencia, que les rebaje ocho años de pena y que les aplique todos los beneficios que el nuevo Código Penal de Nicaragua contempla.

James Rentería, Manuel López Hinojosa y Carlos Alberto Hurtado Serrano fueron detenidos en alta mar, propiamente en las aguas de Masachapa, el 24 de abril de 2007, en una operación que la Policía Nacional denominó “Gladiador”, la que permitió la ocupación de un mil 858 tacos de cocaína que salieron de Colombia rumbo a los Estados Unidos de Norteamérica, pero el cargamento nunca llegó a su destino.

El abogado de los extranjeros, Juan Ramón Pasos, solicitó a la juez Carmen Velásquez que modifique la sentencia que la Juez Segundo Penal de Juicio, Adela Cardoza, emitió en junio de 2007 condenando a sus defendidos a 13 años de presidio y multa, porque el nuevo Código Penal establece una condena de cuatro a ocho años de cárcel para aquellas personas que incurren en el delito de transporte.

“Por lo antes expuesto, pido rectifique y adecue la pena de 13 años a una pena de cinco años, y que la figura de presidio se les modifique por prisión, y en cuanto a la adecuación de la pena, si su autoridad considera justamente aplicable lo que pide la defensa, que sea la pena de cuatro años”, apuntó el abogado.

También demandó que se adecue la pena de acuerdo al grado de participación, porque sus defendidos fueron sentenciados como coautores, cuando en realidad fueron cómplices, de tal forma que merecerían le mitad de la pena del autor, es decir, dos años de prisión. La fiscal Carmen Marina Ulmos dijo que no tenía objeción en cuanto adecuar la pena de presidio a prisión, pero señaló que el abogado no puede venir a pedir ahora una rectificación, porque no lo hizo su momento.

“La sentencia es clara: todos son coautores del delito y se les debe mantener la misma pena”, demandó Ulmos, quien señaló que el abogado no puede venir a pedir una rebaja de pena, porque si bien es cierto antes el transporte se castigaba con diez o 15 años de presidio, ahora en el nuevo Código Penal es de cinco a 15 años “y a ellos no se les impuso ni la mínima ni la media”.

Ulmos señaló que la defensa de los extranjeros está usando conceptos erróneos para pedir beneficios a los cuales sus clientes no tienen derecho, porque ellos fueron sentenciados al amparo de la Ley 285, que no ha sido derogada.

“Que se mantenga la pena”, insistió la Fiscalía, pero la juez Velásquez dijo que dará a conocer su resolución hasta el viernes 17 de octubre a las diez de la mañana
A petición de la Juez de Juicio de Bluefields, donde no hay personal ni condiciones para garantizar la seguridad de los reos ni de la misma autoridad judicial, el juez Octavo Penal de Juicio, Tomás Eduardo Cortés, tuvo que notificarles en Managua la sentencia de 13 años de presidio y la multa a la que se hicieron merecedores los miembros de una banda de hondureños que financió el tráfico de drogas en el Caribe de Nicaragua.

Los sentenciados son el nicaragüense Newton Edgar Álvarez, y los hondureños Robinson Oden, Julio Núñez Rodríguez, Javier Adán Medina, Jorge Molina Delgado, Teodoro Dionisio Murillo y Juan José Moreira Meléndez.

Aparte de los 13 años de presidio y la “mega multa” (cinco veces el precio de la droga financiada) que el juez capitalino les impuso por el financiamiento del tráfico de drogas en Bluefields, los acusados también fueron sentenciados a cinco años de prisión y a una multa de 250 días cada uno por tenencia ilegal de armas de uso exclusivo del Ejército.

Pero como el juez determinó que los acusados cumplirán las dos penas de forma simultánea, aunque sean 18 años de cárcel, los imputados sólo estarán presos en el Sistema Penitenciario de Juigalpa 13 años. Saldrán en mayo de 2021. A los sentenciados se les decomisó una lancha de cuatro motores, municiones, un fusil y 29 barriles de 60 galones de combustible cada uno, pero se les devolvieron los objetos de uso personal.