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  • END / Canal 11

Miembros de la Asociación de Recicladores de Nicaragua, Asorenic, compuesta por unos 35 centros de acopios de materiales reciclables o “chatarreras”, denunciaron ayer en conferencia de prensa, que el Ministerio de Salud, Minsa, intenta eliminarlos con el argumento que son focos contaminadores y un peligro para la salud pública, algo que según los denunciantes, dejaría en el desempleo a más 40 mil personas que viven de la venta de chatarra.

“Si logran eliminar a los chatarreros, eliminarían a más de 40 mil personas humildes que viven de la recolección”, dijo Carlos Marín, presidente de Asorenic, quien también señaló de contradictorio que el Minsa, a la vez que notifica cierres a los centros de acopio, vende los materiales reciclables a las “chatarreras” a través de los hospitales.

Álvaro Santos, vicepresidente de Asorenic, reveló que de las 35 “chatarreras” asociadas, más de 20 han sido notificadas por el Minsa para que cierren en 30 días, cuyos funcionarios llegan acompañados “con un batallón de policías como en tiempo de Somoza”, actitud que consideran como una forma de represión.


Solicitan reunión con Minsa
Por su parte, Marín instó a las autoridades del Minsa que se reúnan con Asorenic “para que juntos podamos llegar a una solución que sea conveniente para todas las partes involucradas”. Agregó que los “chatarreros” también ayudan a mantener limpia la ciudad al recoger los materiales reciclables, por lo que propuso que el Minsa implemente normas de higiene constante para combatir a los roedores y otras plagas, como una solución al problema.

Según datos de Asorenic, las exportaciones en materiales reciclables representan entre 30 y 40 millones de dólares anuales, lo que significa unas 10 mil toneladas mensuales de chatarra ferrosa y 500 toneladas de chatarra no ferrosa.

De esa cantidad de dinero, entre 10 y 15 millones de córdobas se pagan al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, INSS, y a la Dirección General de Ingresos, DGI. Asorenic también asegura que entre 25 y 40 millones de córdobas se pagan en servicio al comercio, servicios y la industria.

Juan Samuel, presidente de la Fundación Nica Global, dijo que la organización que él dirige envió una carta al presidente Daniel Ortega el pasado once de septiembre, solicitándole una reunión para conversar sobre el tema de las chatarreras y otros tópicos ambientales, pero hasta ayer no habían recibido respuesta.