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Ex trabajadores de lo que fue la empresa de zona franca “Mil Colores”, denunciaron que mientras hay un proceso judicial que resolverá la subasta de los bienes para el pago de los activos laborales de mil 500 ex trabajadores, personal desconocido vendió lo que quedó de la fábrica a empresarios coreanos y guatemaltecos.

Lesbia Torres, miembro de la comisión de ex trabajadores de la “Mil Colores”, confirmó que tuvieron información que la lavandería fue vendida a un empresario guatemalteco, y el resto de la planta quedó en manos de un coreano que activará la fábrica en los próximos días.

Torres aseguró que la planta fue embargada por los ex trabajadores para pagarse más de ocho millones y medio de córdobas que el norteamericano Greg Miller, antiguo dueño de la fábrica, les quedó debiendo, pero ahora resulta que fue vendida sin tomar en cuenta a los trabajadores.

La dirigente de los ex trabajadores desconfía de los funcionarios de la Dirección General de Aduanas, y fundamenta su desconfianza en que la empresa quedó bajo la responsabilidad de esa institución, cuyo personal antes del 29 de septiembre llegó a realizar un inventario de los bienes de “Mil Colores”.

Aseguró que Aduana le tenía ganas a la fábrica para pagarse millones de córdobas que el norteamericano le debía a la DGA. “Ellos querían pagarse la deuda y dejar lo que sobraba a los trabajadores”, aseguró Torres.


Comisión que no funciona
Un funcionario de aduanas, la ministra del Trabajo Jeannette Chávez, y el presidente ejecutivo del INSS, son miembros de una comisión especial que resolvería el problema de la “Mil Colores”, pero la comisión que encabeza Rafael Ortega, delegado por el gobierno, nunca hizo nada y tampoco informa nada a los ex trabajadores.

“Nada han hecho, visitamos a la secretaría del FSLN y siempre nos dicen que Ortega ahí no trabaja, otras veces nos piden los datos y nos dicen que el caso será resuelto por órdenes de la primera dama, pero después nos dicen que ahí no se resolverá nada”, dijo Torres.

El proceso judicial aún se mantiene en el juzgado segundo del trabajo, cuya titular se resiste a dar una resolución definitiva lo que permitiría, según los ex trabajadores, pasar a la subasta de la empresa y pagar los pasivos laborales. En el Ministerio del Trabajo, el personal de relaciones públicas pidió tiempo para tener la versión oficial sobre el caso, mientras los ex trabajadores siguen esperando que les paguen lo que aún les deben.