Jorge Eduardo Arellano
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MATAGALPA (Colaboración)

La licenciada María Josefina Vásquez Carrasco, juez Segundo de Distrito Penal de Audiencias, no admitió la acusación contra Alicia del Socorro Acosta Ulloa y Claudia Lissett Vázquez Pérez, supuestas coautoras de estafa en perjuicio de Bismarck Peña Jarquín, y estelionato y falsificación de documentos públicos y auténticos en perjuicio del Estado de Nicaragua. Ambas mujeres son señaladas como fuertes traficantes de propiedades.

La acusación fue presentada por la licenciada Lourdes Virginia Aguirre Brenes, en representación del Ministerio Público, sin embargo, la audiencia preliminar con carácter de inicial no llegó a concluirse, con los argumentos presentados desde un inicio por la defensora Brenda Alvallero Rodríguez y teniendo como asistente al licenciado Denis Rodríguez Mendoza.

La participación del procurador departamental, Holding Francisco Arróliga Escobar, y del procurador auxiliar Manuel Brenes fue dejada sin efecto, ya que al momento de personarse en el juicio solamente presentaron sus cartas de nombramiento, no así el poder que les permitiera personarse para acusar en este caso especifico, situación que permitió a la defensa a que no se les diera lugar a convertirse en parte ofendida.

Al final, el que llevó la voz cantante en nombre de Estado y se convirtió en acusador adherido fue el procurador auxiliar Manuel Brenes.


“Somos abogadas del Banco Central”

En la relación de hechos, se señala que el 10 de marzo de 2006, en el municipio de Río Blanco, las acusadas Acosta Ulloa y Vásquez Pérez le expresaron a Bismarck Peña Jarquín que eran abogadas y representantes del Banco Central de Nicaragua y que estaban autorizadas para vender propiedades que la institución había adquirido.

Las mujeres ofrecieron dos propiedades, una de ellas ubicada en la comarca La Uló, en Río Blanco, compuesta de 350 manzanas, y otra propiedad ubicada en la parte urbana del municipio de Río Blanco, venta que la haría por la suma de 110 mil dólares americanos.

Sin embargo, en la acusación presentada por el Ministerio Público, probablemente la más extensa que se haya realizado en un Juzgado de Juicio, la persona que se menciona en la realización de escrituras haber entregado recibos y otras diligencias, es Alicia del Socorro Acosta Ulloa, y en ninguna de las partes de libelo acusatorio se menciona la participación de Claudia Liseth.

Tanto Acosta Ulloa como Vásquez Pérez fueron detenidas y remitidas al Juzgado de Boaco, donde la juez de Audiencias les había dictado como medida cautelar la prisión preventiva.

Sin embargo, Claudia logró que le cambiaran las medidas cautelares y fue remitida a Matagalpa, donde se le estaba formulando otra acusación, y que el jueves logró que la juez de Audiencias no admitiera la acusación que mediante exhorto, a petición de la fiscal Lourdes Virginia Aguirre Brenes, se giró orden de captura contra Alicia del Socorro Acosta Ulloa.

Extraoficialmente se ha logrado saber que pese a que existe una orden de captura emitida por el juez primero de Audiencias para Matagalpa, Bernardo Morales Mairena, contra Acosta Ulloa, ésta no ha sido hecha efectiva, pese a que a Alicia del Socorro la han visto llegar a las oficinas de Auxilio Judicial en Managua.

El procurador Holdin Francisco Arróliga Escobar, en declaraciones que brindara posterior a la decisión de la juez de Audiencias, expresó su inconformidad con la judicial por no haberle dado lugar a su participación como acusador adherido y se reservaba el derecho de declarar sobre el actuar de la judicial.

A las dos acusadas desde el inicio se les señalaba como las principales caras visibles en el tráfico de propiedades en la zona central y norte del país.