Lizbeth García
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Porque la Policía y el Ministerio Público violentaron los derechos del policía Yorlan Altamirano Úbeda y de las víctimas al cambiar la pistola con la cual supuestamente se cometió el homicidio de Roberto Clemente Robleto, la juez María José Morales Alemán anuló ayer todo el juicio que se le seguía al uniformado y lo puso en libertad.

Morales Alemán le llamó la atención a la Policía y a la Fiscalía para que respeten los derechos y garantías constitucionales de todos los ciudadanos. Manuel Urbina Lara, representante de la víctima, celebró la decisión judicial diciendo que la misma confirma que Fiscalía cometió varias ilegalidades “y que lo que estaba promoviendo el Ministerio Público era una farsa”.

La juez decidió anular todo el proceso porque corroboró que la pistola 739170 con la cual se cometió el crimen, no le fue ocupada al acusado como aseguró la fiscal Verónica Nieto, al rectificar el escrito de intercambio de información y pruebas, sino al policía Ali Antonio Espinales.

La que le ocuparon a Yorlan Altamirano Úbeda fue la pistola serie 671691, que era la que andaba su compañero el día de los hechos. En la resolución de la juez quedó claro que pese a que anuló todo el juicio y mandó a archivar el proceso, éste no adquiere carácter de cosa juzgada. Urbina Lara dijo que lo que corresponde es volver a abrir todo el proceso investigativo, por lo que le pidió a la primera comisionada Aminta Granera que forme una comisión especial “para que se haga un estudio, una investigación profesional, imparcial y objetiva, y con los resultados de esa investigación el Ministerio Público acuse a quien debe acusar”.

La tesis de Urbina Lara es que el Ministerio Público acusó a la persona que no era “para que un acto criminal quedase impune”. El fiscal Luden Montenegro rechazó los argumentos de Urbina Lara diciendo que si él sabe quién es la persona que dio muerte a Robleto Cruz, que diga el nombre, que lo acuse y que presente sus pruebas, porque la Fiscalía sigue manteniendo que el que cometió el homicidio imprudente fue Yorlan Úbeda.

No obstante, Montenegro dijo que la resolución que la jueza emitió, obliga al Ministerio Público a “replantearse la situación”, pero declinó comentar si van a iniciar una nueva investigación porque esa es una decisión que corresponde a las autoridades superiores de la Fiscalía.

La abogada defensora, Tania Tardencilla, tampoco hizo comentarios sobre la condición en que su cliente está ahora con respecto a la Policía que lo suspendió. La institución no se pronunció ayer sobre la resolución judicial ni sobre la solicitud para conformar una comisión investigadora.