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La modificación a la joven Ley 779, Ley Integral Contra la Violencia hacia la Mujer, propuesta por la Corte Suprema de Justicia hace unas semanas, apunta según lo dicho este martes por la diputada Irma Dávila, presidenta de la Comisión de Justicia, en la Asamblea Nacional, a una mediación con excepción, la cual no será una imposición para la mujer que no desee mediar

“De proceder la mediación --de acuerdo a los aportes que vienen dando las instituciones con las que hoy (ayer) compartimos-- no va afectar en ningún momento la integralidad de la ley, porque en la ley queda siempre claro que no hay mediación. Lo que está proponiendo la Corte son algunas excepciones para que haya mediación”, señaló la diputada

Mientras tanto, fuera de la Asamblea Nacional, se realizó una marcha del Movimiento de Mujeres “María Elena Cuadra”, MEC, y del Movimiento Infantil “Luis Alfonso Velázquez Flores”, Milavf, previo a la discusión que por la tarde realizaría la Comisión de Justicia.

Dávila señaló que para que se proceda a la mediación con excepción el agresor no tiene que haber tenido ningún antecedente, y, además, debe presentar una constancia del juez para comprobar lo antes señalado. Aclaró también que solo se podrá mediar una vez.

Dijo que lo que se trata con la ley es que no haya más agresores, y celebró que con lo planteado por las instancias consultadas se vendrá a fortalecer la joven ley que entro en vigencia el 22 de junio de 2012.

Jamileth Contreras, en representación del Milavf, dijo que su organización se hizo presente para decirle no a las reformas a la 779, en su artículo 46, pues consideran que la mediación no resuelve la violencia, y, por el contrario, lo agudiza más, y recordó que tras cada mujer muerta --65 según la Red de Mujeres--, hay de dos a tres niños que quedan en la orfandad.

“No roza con la Constitución”

La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos, invitada a la consulta en el Legislativo, reiteró que la ley no roza con la Constitución, y que incluso el hecho de prohibir la mediación no es un hecho inconstitucional.

Ramos aseguró que algunos magistrados del Poder Judicial le reiteraron que habría que dejar en la ley la figura de la mediación, aunque sea de manera restringida para algunos delitos, y que al final quienes decidirán sobre estos será la Asamblea Nacional.

Tiempo prudencial

Según la diputada Irma Dávila, las consultas a la ley tendrán su tiempo prudencial, pero fuentes cercanas a la Asamblea revelaron que estas consultas serán de dos días, y concluirán hoy, miércoles, cuando lleguen a dar sus aportes las organizaciones de mujeres, que han dicho públicamente que se opondrán a la figura de la mediación en la ley.

Sandra Ramos, del Movimiento de Mujeres “MEC”, expresó que después que de la lucha de las mujeres, la Ley 779 se consultó y se aprobó por mayoría en la Asamblea Nacional, sin embargo, nuevamente estaban en las calles desgastándose sin necesidad y gastando los pocos recursos que poseen para atender a las víctimas de la violencia.

La propuesta de reforma del tribunal de justicia pide a los diputados introducir la figura de la mediación como un derecho de oportunidad en los casos de delitos leves, siempre y cuando no haya indicios de reincidencia.

Propone también una adición al artículo 30, para dotar de competencia a jueces penales de audiencia y a otros jueces para conocer delitos contemplados en la Ley 779, en aquellos municipios o departamentos donde no hay todavía juzgados especializados en violencia de género.

Asimismo, propone incorporar el artículo 155 del Código Procesal Penal, a la ley, referido a la violencia doméstica o intrafamiliar, para que los jueces especializados en violencia puedan conocer este tipo de delitos que se cometen contra otros miembros de la familia, tales como la violencia que pueda cometer una mujer hacia un menor, un anciano, o contra los mismos hombres.

 

Víctimas no quieren mediar

Gloria Armengol tenía 24 años de sufrir maltrato por parte de su pareja, hasta que a las tres de la madrugada no soportó más y decidió poner la denuncia.

“Nunca había recurrido a las autoridades, hasta que ese día me sentí en peligro de muerte. No tenía quién me ayudara, y a él lo miré decidido a hacerme daño. Por eso puse la denuncia”, expresó la señora Armengol.

En la estación policial de Ciudad Sandino, le tomaron la denuncia, que fue tipificada como amenazas, sin aplicar los delitos especificados en la Ley 779, como violencia intrafamiliar y violencia sicológica grave, sin embargo, tras recurrir a la Procuraduría en Defensa de los Derechos Humanos se corrigió.

Por su parte, Juana Álvarez asegura que las instituciones no han sido muy beligerantes, y después que su marido le hizo tres disparos que por suerte no le impactaron, las oficiales de la Policía del Distrito VII de Managua le recomendaron que ya no viviera en su casa, para evitar que la matara. Así, señala que ella no tiene nada que mediar, y que lo único que demanda es el respeto de sus derechos.

Otro caso similar es el de María Cristina González, quien vive violencia por parte de su expareja. González dijo no sentir un verdadero apoyo de las instituciones encargadas. En la actualidad, después de tanta insistencia ante las autoridades del Distrito VI de Managua, su caso se lleva en el Juzgado Sexto, pero todavía él la sigue amenazando y siente que su vida está en peligro. No cree que una mediación vaya a salvarla.