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La juez II de Distrito de Audiencia de lo Penal, María Concepción Ugarte, ordenó el levantamiento del Sigilo Bancario del Centro de Investigaciones de la Comunicación (Cinco) y Oxfam-Gran Bretaña el pasado 9 de septiembre, unas horas antes de que el periodista Carlos Fernando Chamorro y Charles Grigsby Vado comparecieran ante el Ministerio Gobernación (Migob).

La acción no fue informada a los investigados, y esto --según sus abogados-- podría constituir delito de espionaje.

Documentación judicial a la que tuvo acceso EL NUEVO DIARIO revela que la orden de Ugarte, solicitada por la Fiscalía, se dio a las 9:09 de la mañana del 9 de septiembre, y tanto Chamorro como Grigsby comparecieron ante Gustavo Sirias Quiroz, director de Registro y Control de Asociaciones del Migob, la tarde de esa misma fecha.

Lo anterior quiere decir que no se había iniciado el proceso administrativo para la revisión del manejo de Cinco y de Oxfam por parte del Migob, cuando la judicial ya había emitido un auto ordenando el levantamiento del sigilo bancario en cuentas de los dos ONG.

La orden de Ugarte se dio luego de que la fiscal adjunta, Ana Julia Guido, presentara un escrito por medio del fiscal auxiliar Manuel Reyes, en donde le hizo saber a la judicial que la ministra de Gobernación, Ana Isabel Morales, le había remitido una documentación relacionada con el Convenio de Cooperación para el proyecto “Fortalecimiento Organizacional y Acciones Políticas del Movimiento de Mujeres” en el que participan Oxfam y Cinco.

De acuerdo con Guido, tienen evidencias de que los dos organismos han actuado de forma irregular con movimientos de importantes sumas de dinero, por lo cual es necesario levantar el sigilo bancario para conocer el alcance de las operaciones, en acciones que podrían constituir lavado de dinero.


Fiscal defiende acción
El fiscal del caso, Douglas Vargas, confirmó la información, y dijo que la acción es absolutamente legal. “Los actos de investigación que tienen que ver con los derechos constitucionales se rompen a través de las ordenes judiciales. Entonces nosotros procedimos a solicitar a un juez para el levantamiento del sigilo de la información bancaria y tributaria”, dijo Vargas.

Así, el fiscal señaló que el juez, ante la autoridad que tiene el Ministerio Público, dio la orden y se mandaron las comunicaciones vía judicial a la Superintendencia de Bancos, y ésta, a su vez, a las instituciones financieras para que informaran del movimiento de las cuentas que tienen que ver con estos organismos.


Ampliaron a tributario y la lista de personas
Pero la fiscal Adjunta no sólo pidió el levantamiento del sigilo bancario, sino que por medio de otro escrito, el pasado 7 de octubre, procedió a pedir el levantamiento del sigilo tributario de Cinco y Oxfam, y 26 personas naturales y jurídicas relacionadas con ambos organismos.

Esa petición también fue concedida por la juez Ugarte, y alcanza, entre otros, a los directivos de la Coordinadora Civil, Georgina Muñoz y Mario Quintana, Sofía Montenegro, Carlos Fernando Chamorro, Charles Grigsby, Sergio de Castro, Juan Bosco Parrales, Ana María Pizarro, el Instituto República Internacional (IRI), Zobeyda Obando, Francisco Javier Reyes Alba y la Red de Mujeres de Nicaragua.

El abogado penalista y ex procurador Alberto Novoa dijo que el rompimiento del sigilo bancario es una acción preventiva, pero que para hacerlo se debe tener una causa fundamentada y se debe haber informado al dueño de las cuentas bancarias que se van a investigar.

“No informar a la persona significa una nulidad, porque se viola el principio constitucional que establece el artículo 26, que todos los ciudadanos tienen el derecho a conocer de qué se les acusa o investiga, porque de lo contrario es hacer las cosas de manera arbitraria”, dijo Novoa.


“Es espionaje”

Carlos Fernando Chamorro dijo ayer que desconocía el acto de la juez Ugarte, pero la acción lo único que hace es darle más fuerza a sus afirmaciones de que se trata de un caso fabricado, con una sentencia que ya está redactada. Su abogado, Boanerges Ojeda, dijo que el Código Penal señala de manera expresa que cualquier ciudadano que se investiga penalmente tiene que ser informado, de lo contrario se convierte en espionaje.

“Es inaudito lo que me estás informando, porque el Código Penal dice en el artículo 211 claramente, que cuando estás en una investigación penal se te tiene que poner en conocimiento por principio de defensa, lo contrario significa violentar la ley y hasta se puede calificar de espionaje”, dijo Ojeda.

“Imaginate que eso ocurrió hace casi mes y medio y no sabemos nada, vos me estás informando. Acá estamos ante un delito de abuso de autoridad y están pasando por encima de la ley, interpretando y retorciendo la ley”, dijo Ojeda.

El artículo 211 del Código Penal señala que “no existirá deber de informar de la solicitud y orden a la persona investigada, a menos que la información obtenida vaya a ser inducida como prueba en un proceso penal”, tal como es este caso.

Chamorro recordó que Gustavo Sirias Quiroz, Director de Registro y Control de Asociaciones del Migob, les indicó durante su comparecencia el 9 de septiembre que no estaban siendo investigados por lavado de dinero, “pero sí es cierto que ese mismo día ya habían pedido el levantamiento del sigilo bancario, pues confirma que el Migob ya nos había sentenciado y que todo está escrito”.


Abren computadoras de Cinco
Ayer por la tarde, el fiscal Douglas Vargas procedió a abrir la información de los CPU sustraídos de Cinco y del Movimiento Autónomo de Mujeres, MAM, en presencia del doctor Ronaldo Heriberto Mora Pozo, juez segundo del Distrito Penal de Audiencia por Ministerio de Ley.

La orden de apertura se realizó en presencia del juez Morán, ejecutada por peritos en informática de la Policía Nacional y dirigidos por Auxilio Judicial, quienes buscarán información del flujo de los fondos de financiamiento de los donantes a Cinco y el MAM.

Al inquirir al fiscal a cargo sobre los juicios a priori que hicieron en entrevistas televisivas el inspector general Armando Juárez y la fiscal adjunta Ana Julia Guido, sobre algunos hallazgos en la información contable, Vargas expresó que no había escuchado tales declaraciones, y que la información por ser tan abundante y estar en proceso de revisión, no podía aventurarse a adelantar sobre lo encontrado ni decir que habían actos indebidos.

Pero Ojeda dijo que el Código Penal, en el artículo 211, ordena que “las personas que tengan acceso a esta información (bancaria) deberán guardar absoluta reserva de su contenido. Los funcionarios públicos que violen esta disposición podrán ser destituidos de sus cargos, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales”.


Fiscal espera los libros contables de la CC
Sobre la comparecencia de los representantes de la Coordinadora Civil, CC, y su decisión de presentarse hoy por la tarde, pero sin los libros contables de su organización, Vargas dijo que oficialmente él tiene una carta de esta organización firmada por Mario Quintana, enlace de la CC, en la cual expresan su anuencia a presentarse a la convocatoria, pero que la información es mucha, por eso pidieron más prórroga.

Según la CC, los ejecutores de los proyectos no son ellos sino la Red Nicaragüense de Comercio Comunitario, por lo tanto son estos quienes llevan la contabilidad.


Guido reta: “Si el fiscal quiere, que me quite el caso”

La fiscal adjunta Ana Julia Guido dijo ayer durante una entrevista en el programa “24 horas”, de Canal 8, que su superior jerárquico Julio Centeno Gómez, tiene toda la potestad de quitarle el caso de las manos, pero que si no lo hace es porque no se atreve a hacerlo.

“Él (Centeno) puede perfectamente en este momento (decidir) que se cierre el caso y puede hasta haber una recusación como se hizo con él, hay diferentes vías a las cuales pueden recurrir los que se sientan afectados”, dijo Guido en tono retador.

Reconoció que la información le fue enviada directamente a ella en un momento en que Centeno no se encontraba, pero que ella lo puso al tanto y fue delegada sin mayor objeción.

“Existe la autonomía en el Ministerio Público. Pudo haberlo trasladado de nuevo al Migob, pero él delegó, y en base a esa delegación yo he iniciado la investigación porque tengo todas las facultades para que en su representación haga todas estas investigaciones”, añadió.

“Las razones jurídicas de esta investigación de las ONG es por una información que nosotros conocimos del Migob, y la ley dice que nosotros podemos actuar de oficio o a petición de parte”, expresó, sin revelar que ya había pedido el levantamiento del sigilo bancario de manera oficiosa.

El vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Rafael Solís, dijo ayer que aunque Centeno haya delegado el caso a Guido, tiene facultades de cerrarlo si nota que hay anomalías, y que nunca tuvo que salir del ámbito administrativo.