Rafael Lara
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Altos funcionarios de la Misión Diplomática de Panamá, radicados en Nicaragua, garantizaron ayer al periodista de EL NUEVO DIARIO, Oliver Gómez Vallecillo, que ingresará sin problema alguno a territorio canalero aunque no tenga la tarjeta de vacunación contra la fiebre amarilla, y hasta suspendieron de forma temporal este requisito para todos los nicaragüenses que pretenden viajar a este sureño país.

Diplomáticos panameños ayer se reunieron con Gómez Vallecillo en la Embajada y le explicaron que su Gobierno estaba exigiendo la vacuna como un requisito de entrada, por orientación del Ministerio de Salud de ese país.

Los diplomáticos dijeron que esperan que el caso de Gómez Vallecillo sea aislado, y le prometieron que entrará sin problema alguno y con suma seguridad, y hasta proveyeron el documento emitido por las autoridades sanitarias panameñas para que goce de “vía libre”.

Dejaron claro que Panamá no tiene ninguna epidemia de fiebre amarilla, sino los pequeños brotes que se reportan desde hace 100 años en la zona fronteriza del Darién, que colinda con Colombia.

Sin embargo, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, repudió la discriminación y falta de profesionalismo de trabajadores del sistema público de salud de Nicaragua, que evidencia el resultado de las campañas injuriosas de los medios de comunicación oficialistas contra las organizaciones sociales, políticas y medios de comunicación independientes, de la obediencia partidaria gubernamental.

Ante el incidente de la enfermera Patricia Vásquez, quien se burló, discriminó y negó una vacuna al periodista Oliver Gómez, al que denominó “oligarca” simplemente por trabajar en EL NUEVO DIARIO, el abogado del Cenidh, Norwin Solano, señaló que todo funcionario público tiene la obligación de atender las demandas de la población sin ver colores políticos ni religiosos.


Enfermera violó ética en salud
Solano comentó que los trabajadores del servicio de salud están regidos por un juramento ético. “En todo caso, el funcionario público sin importar el rango está obligado a atender a la población, y principalmente cuando se trata del delicado tema de la salud pública, por lo tanto no hay excusas de ninguna índole”.


Antecedente peligroso
Por otra parte, dijo esperar poder confiar en el personal de salud, apelando a la ética profesional, que no sean capaces de hacer una barbaridad, como suministrar un medicamento que no corresponda y dañe a la persona que solicita el servicio público.

“Las expresiones que el gobierno ha venido desencadenando contra algunos medios de comunicación provocan este tipo de reacciones. Ánimos de descrédito, desinformación, intimidación y agresión a los comunicadores independientes”, señaló.