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La Corte Suprema de Justicia, CSJ, informó ayer que las seis camionetas Van, Chevrolet, incautadas en agosto de 2012 a 18 mexicanos que se hacían pasar como empleados de Televisa, quedaron distribuidas entre el Ejército de Nicaragua, el Sistema Penitenciario Nacional, la Policía Nacional, y el estatal Canal 6 de televisión.

En el comunicado de la Corte se informa que los US$9,255,631, incautados a la banda capturada en agosto de 2012, fueron depositados en una cuenta del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, pero luego por una decisión presidencial se ordenó que fueran empleados en el mejoramiento de la estructura carcelaria del país.

El comunicado de la CSJ se produjo un día después que surgieran especulaciones en torno al paradero de los seis vehículos y de la millonaria suma encontrada a los mexicanos, que guardarán entre 17 y 18 años de prisión en el país, luego de que una resolución del Tribunal de Apelaciones de Managua les redujera las condenas a la mitad.

“Equipos eran de fachada”, dicen

Un día antes, cuando se anunció la reducción de las penas para los 18 extranjeros, el director de Relaciones Públicas de la CSJ, Roberto Larios, dijo que las camionetas Van eran obsoletas, que no tenían tecnología de punta, y agregó que las cámaras estaban en mal estado.

La versión de Larios fue corroborada por el fiscal de la causa Giscard Moraga, quien en declaraciones por separado comentó que los equipos de televisión de los que estaban dotadas solo eran de “fachada”.

En el juicio realizado en el Juzgado Noveno Distrito Penal de Juicio de la capital, declaró como testigo un técnico del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos, Telcor, quien aseguró que los equipos de televisión incautados al grupo jefeado por Raquel Alatorre y José Luis Torres Torres, valían US$800,000, y dos de las Van tenían un costo de US$300,000.

Defensora inconforme con sentencia

Un día después de que se dio a conocer la sentencia de la Sala Penal II del Tribunal de Apelaciones de Managua, TAM, la abogada Amy García --defensora de nueve de los 18 mexicanos-- expresó su inconformidad con la resolución emitida por el Tribunal de Segunda Instancia.

“No estoy de acuerdo con que el tribunal haya mantenido los tipos penales --delitos imputados--, pero al menos tiene algo de razonable la sentencia, como fue reconocer la aplicación de la simultaneidad en el cumplimiento de las condenas”, comentó García.

Para la abogada que defiende a los mexicanos Raúl Salinas Cervantes, Cecilio Torres Gutiérrez, Iván Cano Zúniga y Oswaldo López Uribe, entre otros, el fallo del TAM también contradice la jurisprudencia establecida por la CSJ en caso de delito de transporte de estupefacientes.

“La Corte ha dicho en reiteradas sentencias, que no hay acción de traslado de droga si el acusado no está en posesión de la sustancia”, dijo García, agregando que el Supremo Tribunal ha establecido que no hay delito cuando la droga incautada oscila entre dos y nueve gramos, y en este caso lo que supuestamente se encontró fueron partículas o nanogramos.

 

PGR se acoge a la Fiscalía

Auxiliadora Rayo, vocera de la Procuraduría General de la República, dijo que esa institución que es el abogado del Estado, que es la víctima en los casos de narcotráfico, se acoge a la posición del Ministerio Público. “La estrategia de la Procuraduría General de la República es la misma de la Fiscalía”, afirmó Rayo.